La Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa lamentó las declaraciones del Seremi de Vivienda, Julio Santander, quien desestimó la posibilidad de radicación de campamentos en la capital regional, en declaraciones publicadas por El Mercurio de Antofagasta. Esto, a pesar de que en abril de 2018 el propio Ministro de la cartera, Cristián Monckeberg, declaraba que “la política de radicación es absolutamente posible en Antofagasta en la medida que el suelo lo permita”.

Santander afirmó que “hay cero [campamentos] con propuestas de radicación con urbanización,” agregando que la erradicación o relocalización será la solución principal ofrecida por el plan de acción de su gobierno en torno a los campamentos de la región.

Desde la Mesa por la Vivienda recordaron que en estos 16 meses de gestión el gobierno no construyó ninguna vivienda social, pero sí desalojó violentamente a cientos de familias del campamento Frei Bonn en Calama. Además, durante todo este tiempo no se realizaron estudios ni diagnósticos participativos para encontrar soluciones reales y democráticas.

«No fue así y el gobierno ahora busca imponer un plan de acción que contradice absolutamente las demandas hechas por los pobladores y pobladoras de los campamentos este año, que beneficia a las grandes inmobiliarias y que segregará aún más la ciudad de Antofagasta, que ya es una de las más desiguales del mundo. Esto suena sorpresivo, pero en realidad va de la mano de la política elitista y empresarial que el gobierno de Sebastián Piñera sigue impulsando en materias de reforma educacional, previsional y tributaria, entre otras, a pesar de una caída estrepitosa en sus nivel de aprobación», indicaron.

Desde la agrupación destacaron los avances en la organización de los campamentos de la comuna durante 2018 y 2019, destacando la conformación de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa por parte de los macro-campamentos Arenales, Balmaceda y Villa Constancia, junto al campamento René Schneider.

Entre las actividades más destacadas de la Mesa Social está el proyecto de mapeos participativos y estudios topográficos realizado por la Agrupación Rompiendo Barreras del Macrocampamento Los Arenales, que con el financiamiento de la organización internacional de pobladores y pobladoras Slum Dwellers International y con el apoyo de la Universidad Católica del Norte logró organizar una serie de talleres y capacitaciones; hacer un levantamiento topográfico y mapeos participativos para generar una propuesta de loteo de radicación con urbanización.

Otras actividades destacadas incluyen un proceso similar en el Macrocampamento Balmaceda, donde los pobladores y pobladoras junto a sus asesores técnicos autogestionaron un levantamiento topográfico y están en proceso de generar una propuesta de radicación con proyecto habitacional. También en el Macrocampamento Balmaceda la Mesa Social fue parte de un innovador proceso de participación ambiental ciudadana que los pobladores y pobladoras solicitaron para ser parte de la evaluación de la construcción de una subestación eléctrica próxima al macrocampamento. Como resultado de esta participación ciudadana, los pobladores de Balmaceda forzaron que el gobierno revelara información que había mantenido reservada respecto a un decreto publicado en enero del 2019 que estipula el desmantelamiento de las torres de alta tensión que cruzan el lugar, eliminando un gran obstáculo para la eventual radicación.

Por su parte, el Macrocampamento Constancia también se encuentra en proceso de levantar la información pertinente para generar una propuesta de radicación, con el apoyo de profesionales de la Universidad de Chile. Como parte de este proceso, la Mesa Social ha gestionado múltiples reuniones y actividades junto al Seremi de Vivienda y Director del SERVIU, como también concejales, consejeros regionales y parlamentarios de la región.

Organizaciones sociales y profesionales asociados a la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa también han realizado talleres informativos para los campamentos de la ciudad, incluyendo la Escuela Popular de Verano en marzo del 2019; un taller de riesgo junto al Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) de la Universidad Católica del Norte en agosto del 2019 y un encuentro internacional de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular (SELVIHP) con organizaciones de pobladores de todo el continente, a realizarse en noviembre del 2019.

Estas actividades, junto a una marcha que reunió alrededor de dos mil personas en noviembre de 2018 y varios pasacalles y eventos comunicacionales, han instalado la idea de la radicación en la esfera pública de Antofagasta.

Un paso concreto que ha dado la Mesa Social hacia la radicación de campamentos es gestionar una moción parlamentaria con el apoyo de parlamentarios de la región, incluyendo a Marcela Hernando, Catalina Pérez y Esteban Velásquez, que modifica la ley N° 20.234 y que establece un procedimiento de saneamiento y regularización para extender su aplicación a los loteos irregulares incorporados al catastro del Programa Nacional de Campamentos 2018. Esto facilitaría la elaboración de los estudios de riesgo. Dicha ley, que ha sido aplicada en la región de Valparaíso para iniciar procesos de radicación en 55 campamentos (5 de ellos con la recepción de obras municipales ya emitida y algunos de ellos en zonas de riesgo), proveería una herramienta legal para urbanizar los campamentos de la ciudad.

Representantes de la Mesa Social se reunieron con el ministro Monckeberg para discutir este proyecto de ley el día lunes 19 de agosto, donde el ministro se mostró receptivo a evaluar propuestas de radicación para campamentos de Antofagasta. En la misma línea, este miércoles 4 de septiembre un grupo de representantes de la Mesa Social presentarán el proyecto de ley en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Gonzalo Winter, quien viajó a Antofagasta y se reunió con representantes de distintos campamentos el pasado sábado 31 de agosto.

«A pesar de estos enormes avances hacia la radicación, que dan cuenta de una ciudadanía activa y motivada en los campamentos, con el anuncio del día de hoy el gobierno da cuenta de su desconexión con la sociedad civil y su tenaz apego a políticas elitistas que benefician al gran empresariado y segregan la ciudad. La razón que dan personeros del gobierno para su posición en contra de las propuestas de radicación es que, “el 100% de los campamentos en la comuna” se encuentran en zonas de riesgo y se emplazan en suelos donde “existen inversiones públicas y privadas como torres de alta tensión, matrices de agua potable, o proyectos de infraestructura vial… que se deben construir”. El gobierno propone erradicar los campamentos y relocalizar a sus habitantes en paños ya identificados de Alto La Chimba», comentan.

Desde las organizaciones que conforman la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa están conscientes de que muchos campamentos de la ciudad efectivamente no cuentan con condiciones de radicación por las razones que da el gobierno. Sin embargo, muchos otros asentamientos, incluyendo los que representa la Mesa Social, sí se encuentran en condiciones.

«En el caso de Arenales, por ejemplo, el macrocampamento no se encuentra en ninguna zona de riesgo ni dentro de zonas destinadas a inversiones públicas y privadas. En el caso de Balmaceda, Constancia y René Schneider, los campamentos efectivamente tienen partes que se emplazan en zonas de riesgo y que ocupan suelos destinados a la construcción de infraestructura vial. Sin embargo, no hay estudios fundados de riesgo que definan las características de estos riesgos, que son absolutamente mitigables. Por otro lado, las propuestas de radicación que están desarrollando los campamentos contemplan construir soluciones definitivas alrededor del proyecto de la Circunvalación, así integrando a los campamentos con la infraestructura vial de la ciudad», explican.

Por lo anterior, las organizaciones se muestran sorprendidas «pues el gobierno, de manera ligera y generalizada, asegura con absoluta confianza que el 100% de los campamentos están en zonas de riesgo, cuando justamente los estudios de riesgo que realiza la Mesa de Criticidad de la Gobernación Provincial y otros estudios de riesgo para la actualización del Plan Regulador Comunal (actualmente en proceso de aprobación y que contempla el Gobierno Regional con profesionales de la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta) aún no han sido terminados».

«Dicha actitud da cuenta de una posición poco seria y científica respecto al riesgo de los campamentos, que parece ser utilizado por las autoridades de manera política para lograr sus objetivos predispuestos de erradicar los campamentos y relocalizarlos en zonas periféricas de la ciudad. Esta actitud poco seria queda plasmada en la decisión del gobierno de agregarle 350 nuevos módulos al Barrio Transitorio de La Chimba, que según información de SERNAGEOMIN y de un estudio realizado por CIGIDEN, está en una zona de alto y medio riesgo aluvional», agregan.

Desde la organización aseguran que el plan de acción del gobierno en torno a los campamentos además contradice la política de ciudad y vivienda que el controvertido proyecto de ley de integración social y urbana contempla. Y es que la mayoría de los campamentos de la ciudad se encuentran en zonas céntricas y están cercanos a los servicios públicos y privados que ofrece la ciudad. En cambio, el sector de Alto La Chimba se encuentra en el extremo norte, en una zona que aún está en proceso de urbanización.

«El plan de acción reproduce las políticas de vivienda que crearon la segregación extrema del lado norte de Antofagasta en los años 80 y 90. El proyecto de ley de integración social y urbana reconoce los efectos de segregación y fragmentación que esta política neoliberal ha provocado y propone una estrategia que busca, por medio del mismo sistema de subsidios estatales a empresas inmobiliarias privadas, construir soluciones habitacionales mejor integradas a la ciudad. Sin embargo, el plan de acción en torno a los campamentos de Antofagasta no se adecúa a los objetivos de integración que la nueva política nacional de desarrollo urbano propone, confirmando las sospechas de parlamentarios de oposición, movimientos de pobladores y pobladoras y el Colegio de Arquitectos, respecto a la verdadera intención del proyecto de ley, que fue aprobado en la Cámara de Diputados con votos de parlamentarios oficialistas, 57% de quienes tienen empresas inmobiliarias o constructoras, 16.2% de quienes participan en sociedades inmobiliarias o constructores y 30% de quienes tienen interés en el negocio del suelo urbano», denuncian.

Desde la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa afirman que mantendrán una firme posición y que seguirán trabajando por la radicación de los campamentos que representan. Asimismo aseguran que la solución de relocalización y erradicación de campamentos que propone el gobierno no es ni suficiente ni sustentable, ya que significa una espera prolongada. De hecho, hasta el día de hoy esta política de relocalización basada en subsidios a empresas privadas no ha logrado dar solución a los 1.061 hogares de campamentos catastrados en el 2011.

«Si la misma política se ha demorado más de 8 años en dar solución a un séptimo de la demanda habitacional que existe en los campamentos hoy, no vemos cómo logrará darle solución a los 7.641 hogares catastrados en los campamentos el 2019. De esta manera, dicha política mantendrá a pobladores viviendo en las mismas zonas de riesgo que le preocupan al gobierno durante muchos años, siendo que la mitigación de estos riesgos por medio de proyectos de radicación podría ser más expedita, especialmente si se comprometen los fondos regionales que la Mesa Social busca gestionar con el Consejo Regional. Por lo demás, el plan de acción del gobierno deja de lado a muchas familias que no son actualmente consideradas hábiles para la vivienda, no asegura nuevas tomas de terreno y fragmenta las comunidades, destruyendo los territorios que con esfuerzo los pobladores y pobladoras de los campamentos han gestionado por ya varios años. La radicación, en vez, va en la línea de las políticas de urbanización que fueron aplicadas históricamente en las poblaciones más céntricas de Antofagasta, que cuentan con una calidad de vida más alta que aquellas diseñadas por medio de subsidios habitacionales en el sector norte», recalcan.

«Por todo lo antes expuesto, integrantes de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa hacen un llamado al gobierno para que establezca el diálogo que la Mesa ha solicitado de manera continúa, para encontrar soluciones que incorporen las visiones de los pobladores y pobladoras y las organizaciones que los apoyan, para así encontrar soluciones más expeditas, reales y democráticas, que eviten el conflicto social que las políticas de erradicación y relocalización inevitablemente traerán», concluyen.

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