Por Redacción 
Como un «balde de agua fría» calificó el gobernador regional, Ricardo Díaz, el recorte de 5.000 viviendas sociales por parte del Serviu, confirmando que acudirá a la Contraloría. La rebaja afecta al convenio «Más Viviendas, Mejor Región 2023-2028». El acuerdo, que originalmente proyectaba 8.733 soluciones habitacionales con aportes del FNDR y fondos sectoriales, tras una nueva adenda redujo su meta a apenas 3.268 casas.
Tras conocerse la noticia, este lunes 14 de septiembre en la noche se confirmó la salida del Seremi de Vivienda, Jorge Olivares, «por graves falencias en gestión de convenio regional”, según palabras del Ministro del ramo, Iván Poduje.
El gobernador Díaz fue tajante en denunciar que este recorte “significa que en la región habría 5.000 familias que no tendrían garantizada la vivienda y que sí estaban escritas en este convenio de programación. Nos parece que es impresentable la postura que nos ha planteado Serviu, sobre todo cuando se nos informa que ya habrían adjudicado una licitación sin avisarnos a nosotros como Gobierno Regional».
El jefe regional anunció que por este motivo concurrirá a Contraloría para «llevar estas licitaciones y estas adjudicaciones que ha hecho Serviu, sin avisar al Gobierno Regional».
En una reunión técnica realizada este lunes con representantes del Minvu y Serviu, el Gobierno Regional constató además que se licitaron 1.208 viviendas a sus espaldas, infringiendo el compromiso contractual de mantener informado al GORE, de acuerdo al convenio.
Desde el Serviu y el Minvu justificaron el drástico recorte en las metas habitacionales aludiendo a una supuesta alza en los costos de construcción. Frente a estos argumentos, el gobernador retrucó que, más allá del cambio de autoridades políticas, los equipos técnicos detrás de las estimaciones continúan siendo los mismos. Bajo esa premisa, Díaz exigió la entrega urgente de un informe técnico exhaustivo y la apertura de sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades.
Matias Recabarren