Por Redacción 
A través de una declaración pública firmada por su presidente regional, Hernán Vargas Canivilo, el Partido Socialista de Antofagasta advirtió que la Reforma Constitucional de Seguridad Pública presentada al Parlamento vulnera derechos fundamentales al permitir la suspensión de libertades por hasta 240 días e intervenir comunicaciones sin control judicial ni legislativo oportuno.
Una tajante postura de rechazo manifestó el Comité Regional del Partido Socialista de Antofagasta frente a la Reforma Constitucional de Seguridad Pública ingresada por el Gobierno de José Antonio Kast al Parlamento, advirtiendo que la iniciativa legislativa «atenta contra las bases mismas de la democracia y en particular de las libertades individuales».
Si bien desde la colectividad reconocieron que la seguridad constituye «un elemento central, prioritario e insustituible de la vida democrática», cuestionaron duramente los mecanismos propuestos en el texto legal.
Facultades extraordinarias e intervención de comunicaciones
En el documento, la dirigencia regional detalló los puntos críticos de la propuesta gubernamental, apuntando a la excesiva concentración de atribuciones en la figura del Presidente de la República:
«No es posible que a través de esta reforma constitucional el presidente de la república pueda tener la facultad por 240 días (120 días, prorrogable a 120 días más, 8 meses) de suspender (que es muy distinto a restringir) unilateralmente, sin consulta al parlamento, el derecho a transitar, el derecho a reunirse, el derecho a asociarse y a requisar bienes y a interceptar y abrir todo tipo de documentos (Whatsapp, teléfonos, internet, redes sociales, etc.)», advirtieron.
Asimismo, el PS remarcó que «ninguno de los estados de excepción actuales permite interceptar y abrir documentos y toda clase de comunicaciones», recordando que dicha potestad solo rige bajo el estado de asamblea en caso de guerra exterior y sujeto a ratificación parlamentaria. En ese sentido, acusaron que el proyecto dota al Mandatario de «una facultad extraordinaria con alcances nítidamente autoritarios».
Alteración de poderes y riesgo de persecución
El pronunciamiento enfatiza que la iniciativa quebranta el equilibrio institucional entre el Ejecutivo, el Congreso y los tribunales de justicia:
«La medida pone en riesgo la democracia de nuestro país, porque altera la separación de poderes entre el poder político y el poder legislativo y judicial, porque después de 8 meses de tomada la medida recién se consultará al congreso y porque los tribunales de justicia, para declarar personas o grupos que atenten contra la seguridad pública, no serán considerados», afirmaron.
A su vez, advirtieron que la suspensión de derechos impedirá la organización y movilización ciudadana, con el peligro latente de que la normativa «podrá ser usada como arma de persecución política, no sólo por el actual gobierno, sino que también de los siguientes gobiernos».
Llamado al Senado
Hacia el cierre del comunicado, el presidente regional del PS, Hernán Vargas Canivilo, instó a la Cámara Alta a frenar la tramitación en sus términos actuales: «En consecuencia, el senado debe rechazar esta reforma constitucional, pero al mismo tiempo debe tener la sabiduría suficiente para legislar en pro de la seguridad pública garantizando las libertades individuales», recalcó.
«Finalmente como sociedad, en nombre de la seguridad pública, no podemos caer en autoritarismos que con medidas excepcionales suspendan las libertades individuales. En democracia la libertad no puede estar supeditada a la seguridad», concluye la declaración.
Diego Durán Contreras 
Leonardo Silva Martínez