¡Ni un mes duraron!: Gabinete de Kast en la Región de Antofagasta suma tercera baja tras salida de Seremi de Justicia

A un mes de asumir, la administración regional enfrenta una serie de «renuncias». La salida de Karina Trujillo desde Justicia se suma a las caídas de las representantes de Desarrollo Social y de la Mujer, evidenciando una falta de revisión de antecedentes que mantiene a tropezones a los representantes del gobierno del presidente Kast en la región.

Lo que debió ser una instalación fluida se ha transformado en un verdadero «papelón» político para el gobierno del Presidente José Antonio Kast en la zona. Esta semana se confirmó la renuncia de la Seremi de Justicia de la Región de Antofagasta, Karina Trujillo, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos a su trayectoria profesional.

Con este anuncio, el gabinete regional anota un récord negativo: tres bajas a un mes de asumir el gobierno y a pocas semanas de estos nombramientos. Trujillo sigue los pasos de la exseremi de Desarrollo Social, Lizet Tapia, y de la exseremi de la Mujer, Anggel Colque, quienes debieron abandonar sus cargos prematuramente tras el incumplimiento de requisitos legales.

La caída de Trujillo se produjo mientras el Ministerio de Justicia realizaba una revisión exhaustiva de sus antecedentes como abogada. Los cuestionamientos apuntaban a su defensa de un imputado por un procedimiento de drogas y también un caso del estallido social.

La ahora exautoridad argumentó en una declaración que su salida responde a “razones profesionales y personales” y al impacto de la “exposición mediática”. Diario Regionalista también pudo confirmar que hubo «fuego amigo», ya que los cuestionamientos habrían surgido desde el interior del propio Partido Republicano y otros sectores de derecha.

Este escenario ha vuelto a poner en la palestra los protocolos de selección del nuevo gobierno. La falta de un filtro riguroso de antecedentes ha quedado en evidencia, ya que los casos de las tres seremis «caídas» saltaron a la luz pública a través de la prensa y redes sociales, y no por una fiscalización interna previa al nombramiento.