Por Redacción 
El organismo fiscalizador determinó responsabilidades administrativas por retrasos prolongados en procesos disciplinarios, algunos de los cuales terminaron prescritos.
La Contraloría Regional de Antofagasta estableció responsabilidades administrativas contra el exalcalde Jonathan Velásquez y parte de su equipo jurídico, tras detectar una gestión deficiente en la tramitación de sumarios al interior del municipio.
La resolución fue informada durante el Concejo Municipal N°10, instancia en la que se dio cuenta del resultado del sumario administrativo instruido por el ente contralor, junto con la eventual adopción de nuevas acciones.
El análisis del organismo concluyó que existieron retrasos reiterados en el envío de actos administrativos clave, requeridos para la toma de razón en procedimientos disciplinarios iniciados en 2019 y 2021.
Estas dilaciones, según el informe, se extendieron por años pese a múltiples requerimientos formales, afectando directamente el curso de las investigaciones internas.
En uno de los casos, el atraso derivó en la prescripción de la acción disciplinaria, lo que impidió sancionar a los funcionarios involucrados.
En ese contexto, la Contraloría determinó que el exjefe comunal no ejerció un control jerárquico efectivo, responsabilidad clave para garantizar la tramitación oportuna de los procesos administrativos.
Asimismo, el sumario estableció responsabilidad del exdirector de asesoría jurídica, Marcelo Pizarro, a quien se le propone una multa equivalente al 20% de su remuneración mensual, además de una anotación de demérito en su hoja funcionaria.
Desde el Concejo Municipal, las reacciones no se hicieron esperar. El concejal Patricio Aguirre enfatizó las consecuencias económicas de la gestión anterior.
“Hoy fuimos testigos todos los concejales de una nueva sanción contra el exalcalde Jonathan Velásquez. Nosotros como concejales y el alcalde también estamos expuestos a este tipo de sanciones, por eso tenemos que hacer las cosas bien, con transparencia y no cometer los errores que ya hemos visto anteriormente. Yo también pedí cuánta plata ha tenido que pagar el municipio por concepto de demanda y tutelas laborales de la ex administración y estamos hablando de más de 235 millones de pesos ¿y quién paga eso?”, afirmó.
Por su parte, la concejala Karina Guzmán advirtió que los antecedentes podrían escalar a otras instancias.
“Nosotros con seis concejales más fuimos al TER, fue sancionado ya por 5 años, obviamente tenemos más antecedentes que evaluaremos, causas que tenemos en Fiscalía con él, porque acá son materia algunas constitutiva de delito, entonces nosotros estamos obligados a seguir los procesos esté o no esté en el servicio público”, señaló.
El informe de Contraloría concluye que las irregularidades responden a dilataciones injustificadas, falta de seguimiento y deficiencias en la gestión administrativa, configurando un escenario que impidió el cumplimiento oportuno de los procedimientos disciplinarios dentro del municipio.
Matias Recabarren