Por Leonardo Silva Martínez 
El ajuste incluye una reducción transversal del gasto público, revisión de contratos y “detección de abusos”, mientras el Colegio de Profesores advierte un impacto directo en el sistema educativo.
Un recorte fiscal de hasta US$3.800 millones, una rebaja transversal del 3% del gasto público y la orden de detectar “abusos y malas prácticas” marcan el contenido del oficio enviado por el Ministerio de Hacienda a ministerios y servicios públicos, en una de las medidas de ajuste más profundas de los últimos años.
El instructivo, firmado por el ministro Jorge Quiroz, establece una reducción de US$3.000 millones en el gasto para 2026, a lo que se suman US$800 millones previamente anunciados, junto con una rebaja adicional de hasta US$1.000 millones que deberá ser definida por cada ministerio.
Más allá de los montos, el documento fija una línea clara: el ajuste no solo será presupuestario, sino también interno, obligando a las instituciones públicas a identificar abusos, revisar licencias médicas, evaluar contratos y frenar gastos que no tengan obligación legal.
“Es la rebaja pareja del 3% y cada ministerio debe examinar cómo lo va a hacer”, afirmó Quiroz.
Congelamiento del Estado y presión interna
El oficio instruye una serie de medidas que impactan directamente el funcionamiento del aparato público. Entre ellas, la suspensión de nuevas asesorías y estudios, el congelamiento de contrataciones, la no renovación de cupos y la limitación de reemplazos de funcionarios.
A esto se suma el freno a nuevas iniciativas sin respaldo presupuestario claro y la revisión de proyectos en ejecución, junto con un análisis de la estructura del Estado, incluyendo duplicidad de funciones, ausentismo y sumarios administrativos.
El ajuste, además, tiene carácter permanente, lo que implica que sus efectos se proyectarán más allá de 2026 y formarán parte de la base de los próximos presupuestos.
“El ajuste es ineludible”, señala el documento, que advierte que ningún servicio podrá quedar fuera del esfuerzo fiscal.
Educación en alerta
Las medidas ya generaron reacciones. El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile se declaró en alerta, advirtiendo que el recorte impactará directamente en el sistema educativo.
“Nos parece muy preocupante. De ninguna manera creemos que están las condiciones para disminuir los recursos en educación”, afirmó el presidente del gremio, Mario Aguilar.
El dirigente advirtió que la medida podría profundizar déficits ya existentes.
“La educación pública ya tiene una situación muy desmedrada, hay grandes carencias, y el anuncio de recortar presupuestos impactará directamente sobre las condiciones de trabajo y los aprendizajes de los estudiantes”, sostuvo.
Aguilar también cuestionó las implicancias en la organización de las aulas.
“Cuando se habla de sobredotación docente, en realidad se está diciendo que los cursos serán de 45 estudiantes, y eso es absolutamente inadecuado”, señaló.
“Es absolutamente antipedagógico y un impacto directo sobre los aprendizajes si se quiere aumentar el número de estudiantes por salas. Esa es una pésima política”, agregó.
Críticas al enfoque del ajuste
El líder gremial cuestionó el foco del recorte fiscal.
“Si hay que ahorrar recursos, de ninguna manera puede ser en la educación. Que se ahorre en áreas prescindibles, pero no en educación”, afirmó.
Asimismo, advirtió que la medida podría traducirse en menos recursos pedagógicos, deterioro en infraestructura y mayor presión sobre servicios que ya operan al límite.
“Estamos altamente preocupados, nos declaramos en alerta y vamos a defender la educación pública”, concluyó.
Tensión por la caja fiscal
El ajuste se da en medio de un debate por la situación de las finanzas públicas. El ministro Quiroz ha sostenido que el país enfrenta una condición “muy compleja, muy anormal”, asegurando que se heredó una caja equivalente a “un 1% de lo normal”.
Estas declaraciones fueron desmentidas por el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien afirmó que los niveles de caja eran superiores a los señalados por la actual administración.
Pese a la controversia, el Gobierno avanzó con el instructivo, que será monitoreado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y que ya comienza a generar sus primeras tensiones sectoriales.
Matias Recabarren