Por Leonardo Silva Martínez 
La edil de Antofagasta solicitó una fiscalización especial por los recursos destinados a habilitar un inmueble arrendado por la Municipalidad de Antofagasta en calle Matta. Karina Guzmán cuestionó que, además de un arriendo mensual cercano a $18 millones, se contemple una millonaria intervención en una propiedad que no pertenece al municipio.
La concejala de Antofagasta Karina Guzmán presentó este martes 14 de julio un nuevo requerimiento ante la Contraloría Regional para que fiscalice la inversión de $683.341.299 destinada a la habilitación, reparación y mejoramiento de un inmueble privado arrendado por la Municipalidad de Antofagasta, ubicado en calle Matta N°2646-2648.
En el oficio, la autoridad comunal también solicitó una investigación administrativa y un pronunciamiento respecto de un eventual detrimento patrimonial. El documento fue ingresado ante el organismo contralor bajo el registro N°10.503.
“Durante más de un año la Municipalidad ha pagado cerca de $18 millones mensuales por este inmueble (se arrendó por 4 años) y ahora pretende invertir otros $683 millones para habilitarlo. La pregunta es simple: ¿se arrendó un edificio apto para funcionar o uno que requería una millonaria intervención para ser utilizado?”, manifestó Guzmán.
El requerimiento tiene como antecedente una presentación realizada por la concejala ante la Contraloría Regional el 31 de diciembre de 2025. En esa oportunidad cuestionó el contrato de arriendo del edificio, que, según los antecedentes expuestos en el documento, implicaba un desembolso mensual aproximado de $18 millones y no registraba una utilización efectiva para fines municipales.
Posteriormente, la administración municipal sometió a consideración del Concejo Municipal la aprobación del contrato de ejecución de la obra “Habilitación Oficinas Edificio M.A. Matta”, correspondiente a la licitación ID 2430-86-LR25.
De acuerdo con el oficio presentado por Guzmán, el contrato con la empresa COMAVI SpA contempla un monto total de $683.341.299, IVA incluido, destinado a la habilitación, reparación y mejoramiento del edificio arrendado.
“Lo más preocupante es que estamos hablando de recursos públicos invertidos en una propiedad privada. Los vecinos tienen derecho a saber quién tomó estas decisiones, bajo qué criterios y qué garantías existen para evitar que esta inversión termine beneficiando el patrimonio de un tercero”, sostuvo la concejala.
Solicitud de investigación
En su presentación, Guzmán advierte que parte de las obras, adecuaciones, instalaciones, divisiones interiores, redes técnicas y terminaciones podrían quedar incorporadas al edificio o perder valor económico una vez finalizado el contrato de arriendo.
Por esta razón, solicitó determinar qué mecanismos existen para recuperar o compensar la inversión municipal y evitar un eventual beneficio patrimonial para el propietario del inmueble.
La concejala también pidió establecer cuál era el estado real del edificio al momento de su contratación, qué informes técnicos respaldaron el arriendo y las actuales obras, si las eventuales deficiencias eran conocidas previamente por la administración y por qué las mejoras necesarias no fueron exigidas al propietario.
Asimismo, solicitó revisar la relación entre el monto de la inversión y el plazo efectivo restante del contrato de arriendo para determinar si resulta financieramente conveniente para el municipio.
“Por eso he solicitado a la Contraloría Regional una fiscalización exhaustiva. Cuando están en juego más de $683 millones de todos los antofagastinos, las explicaciones no son opcionales”, agregó Guzmán.
Respuesta del municipio
Consultada por Diario Regionalista respecto de los cuestionamientos planteados por la concejala y de los antecedentes que sustentan la inversión, la Municipalidad de Antofagasta concluyó:
“No nos pronunciaremos ante los requerimientos de la concejal Guzmán, por respeto a la función fiscalizadora de los concejales”.
Redacción