Por Naomí Bernal Jaramillo 
La medida obligaría a organismos públicos y privados a entregar antecedentes de migrantes en situación irregular al Servicio Nacional de Migraciones, generando cuestionamientos por eventuales efectos en el acceso a salud, educación y protección social.
El Gobierno ingresó una indicación administrativa que busca que servicios públicos y privados expongan datos de migrantes en situación irregular cuando realicen trámites en áreas como salud, previsión o educación. La directriz generó debate entre diferentes entidades en el país.
Según reveló el medio de comunicación La Segunda, la propuesta declara que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado” tendrá que entregar información requerida por la autoridad migratoria respecto de migrantes sometidos a procedimientos de expulsión en trámite.
Organismos como hospitales, consultorios, colegios, jardines infantiles, Isapres, AFP y Fonasa se verían en el deber de entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones.
Esta propuesta gubernamental podría dificultar el acceso a la salud y a la educación para los migrantes, que en Chile está garantizado por la Ley de Migración y Extranjería 21.325 sin importar si su situación migratoria es regular o irregular.
Preocupación por posibles efectos en familias migrantes
Ante esto, la Defensoría de la Niñez presentó un oficio ante la Comisión de Gobierno del Senado, haciendo un llamado explícito a realizar un análisis donde se tenga a la vista el marco de la Ley N° 21.430, que indica que “los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos sociales con independencia del estatus migratorio de sus padres y/o madres”.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que “las medidas no pueden terminar generando separación familiar, pérdida de redes de apoyo, barreras de acceso a salud o protección o escenarios de mayor desprotección”.
A su vez, el concejal por Antofagasta y sociólogo Camilo Kong, advirtió que “hay un tema de derechos humanos, que hay que resguardar. Hay que buscar también las maneras de trabajar interculturalmente para poder regular la migración, pero por otro lado también entender que estos procesos van más allá de eslóganes que digan ‘hay que sacarlo a todos’”.
Mientras la indicación sigue generando reacciones desde distintos sectores, el foco del debate se mantiene en que exista un balance entre la gestión migratoria y la garantía de derechos fundamentales. La tramitación legislativa será clave para definir el alcance de una medida que podría marcar un precedente en la relación entre servicios sociales y política migratoria.
Redacción 
Matias Recabarren