Por Leonardo Silva Martínez 
La acción surge tras denuncias de la comunidad, la difusión de videos que evidencian acumulación de aguas servidas, malos olores y proliferación de vectores, y el antecedente de un derrame registrado en octubre de 2025, en condiciones sanitarias cuestionadas por informes técnicos.
Un recurso de protección fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de la diputada Marcela Hernando, luego de una fiscalización realizada en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) de San Pedro de Atacama.
La acción fue interpuesta por el Comité de Agua Potable Rural (CAPRA), quienes acusan que la parlamentaria habría ingresado sin autorización a las instalaciones, con la posterior difusión de registros audiovisuales en redes sociales.
Según el recurso ingresado ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, los hechos ocurrieron el 31 de marzo, cuando la diputada habría accedido a zonas operativas de la planta, registrando imágenes que posteriormente fueron publicadas, aludiendo a presencia de aguas servidas, malos olores y plagas.
Fiscalización en medio de denuncias sanitarias
La visita se da en un contexto de denuncias de vecinos por rebalses y fallas en la planta, junto a episodios recientes de derrames reportados durante marzo de 2026, donde habitantes del sector advierten el deterioro de las condiciones sanitarias, con presencia de “malos olores, moscas, zancudos, que antiguamente no habían acá”, y cuestionan la ubicación de la infraestructura, señalando que no se cansan “de repetirlo, también en la mesa de la ADI y al señor alcalde”.
A estos antecedentes se suman informes de la Superintendencia del Medio Ambiente, en particular el Memorándum sobre contingencia sanitaria en la PTAS de San Pedro de Atacama, emitido en marzo de 2026, documento que advierte riesgos de escurrimiento hacia sectores como Solor y deficiencias en la operación del sistema.
Antecedentes previos
En octubre de 2025, la planta registró un derrame de aguas servidas tras el colapso de un talud en una piscina de acumulación, lo que provocó el corte del suministro de agua potable en la comuna y riesgo de contaminación de la red, según investigaciones de la SMA.
El escurrimiento alcanzó sectores como Solor, generó acumulación de aguas servidas y activó instancias de emergencia por parte de autoridades sanitarias y ambientales, de acuerdo al mismo informe.
Ese mismo año, la Superintendencia del Medio Ambiente recibió múltiples denuncias por derrames y escurrimientos desde la planta, que afectaron a comunidades como Solor, Hijos de Solor y Cucuter.
Fiscalizaciones posteriores establecieron que la planta presenta deficiencias estructurales y operacionales, entre ellas ausencia de registros de control, falta de plan de contingencia y sistemas de tratamiento distintos a los aprobados ambientalmente.
Asimismo, se constató que el sistema excede su diseño original, ya que la Resolución de Calificación Ambiental considera una superficie de 1,08 hectáreas, mientras que la planta alcanza cerca de 3,7 hectáreas, con aproximadamente 12 piscinas sin catastro formal.
Así, la SMA advierte que el sistema opera al límite de su capacidad, con riesgo permanente de rebalses y nuevas contingencias sanitarias, en una situación que podría derivar en impactos graves para la salud de la comunidad.
Matias Recabarren 
Redacción