En el marco del Mes de la Mujer, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Antofagasta reflexiona sobre los avances en derechos, protección y autonomía económica de las mujeres durante los últimos años, así como los desafíos pendientes en materia de equidad.
Por Hanna Goldener Callejas, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Región de Antofagasta.
Cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha que no solo invita a recordar la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, sino también a reflexionar sobre los avances que como sociedad hemos logrado y los desafíos que aún tenemos por delante. Este Mes de la Mujer es también una oportunidad para mirar con perspectiva el camino recorrido durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, donde se han impulsado transformaciones concretas para mejorar la vida de millones de mujeres en Chile.
Cuando asumimos el gobierno en 2022, lo hicimos con una convicción clara: las demandas históricas de las mujeres debían transformarse en políticas públicas reales, con impacto en la vida cotidiana. Hoy, a cuatro años de ese inicio, podemos afirmar que Chile ha dado pasos importantes hacia una sociedad más justa, donde la equidad deja de ser un discurso para convertirse en acciones concretas.
Avances en la prevención y sanción de la violencia
Uno de los avances más significativos ha sido el cambio en la manera en que el Estado enfrenta la violencia contra las mujeres. La aprobación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres marca un antes y un después en la respuesta institucional frente a esta problemática.
Esta normativa establece un marco completo de prevención, protección y reparación, reconociendo que la violencia de género no ocurre solo en el ámbito doméstico, sino también en espacios laborales, políticos, institucionales y sociales. Se trata de una ley largamente esperada, que pone al Estado en una posición activa para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Justicia y reparación para víctimas
En paralelo, se avanzó en justicia y reparación frente a las formas más extremas de violencia de género. La promulgación de la Ley Antonia permitió tipificar el suicidio femicida y fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas, evitando procesos que revictimizan a las mujeres.
Asimismo, la Ley de Reparación para Víctimas de Femicidio ha permitido que niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres producto de la violencia reciban apoyo y protección por parte del Estado.
Responsabilidad parental y pensiones de alimentos
Otro cambio estructural fue enfrentar con decisión una realidad que durante décadas se normalizó: el abandono parental. Con la implementación de la Ley de Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, el Estado comenzó a perseguir activamente el pago de pensiones adeudadas, estableciendo que la crianza es una responsabilidad compartida.
Gracias a esta política, los tribunales han ordenado el pago de más de 3 billones de pesos en pensiones de alimentos, beneficiando a cientos de miles de familias en nuestro país.
Autonomía económica y reconocimiento de los cuidados
A estos avances se suman transformaciones que impactan directamente en la autonomía económica de las mujeres. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la nueva ley Chile Cuida representan un cambio cultural profundo.
Por primera vez se reconoce el trabajo de cuidados como un pilar fundamental para el bienestar de nuestra sociedad. Durante décadas, esta labor fue invisibilizada y asumida como una responsabilidad privada dentro de los hogares. Hoy el país comienza a transitar hacia un modelo donde el cuidado deja de recaer exclusivamente en las familias —y especialmente en las mujeres— para transformarse en una responsabilidad compartida entre el Estado, las comunidades y la sociedad.
Desafíos pendientes
Por supuesto, sabemos que aún queda mucho camino por recorrer. Las brechas de género siguen presentes en el trabajo, en la distribución de los cuidados, en la seguridad y en la participación en distintos espacios de poder.
Pero también sabemos que avanzar requiere voluntad política, diálogo democrático y políticas públicas sostenidas en el tiempo.
Este Mes de la Mujer no solo conmemoramos una historia de lucha; también reafirmamos un compromiso con el futuro. Porque cuando el Estado se hace cargo de las desigualdades estructurales, las mujeres avanzan, las familias avanzan y el país completo avanza.
Y hoy podemos decirlo con convicción: Chile ha dado pasos importantes para que las mujeres vivan con más derechos, más autonomía y más dignidad. Ese es el camino que debemos seguir construyendo, juntas y juntos, hacia un Chile verdaderamente para todas.

