Columna | Caso Crespo: Un fallo alimentado por un clima represivo y autoritario

Este pasado martes 13 de enero muchos seguíamos con atención el resultado de la causa de Gustavo Gatica en contra de Claudio Crespo, el infame policía conocido como el “Carnicero de Plaza Dignidad”, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, como lo fueron las heridas oculares que le quitaron la vista de por vida a Gustavo.

Los miles que estuvimos en las calles nos solidarizamos abiertamente con Gatica y con todos quienes han sido víctimas de la represión y la persecución policial, incluyendo a presos políticos como Nicolás Piña o Deivy Jara acá en Antofagasta.

Durante el juicio, según se indica en el acta de deliberación del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, se habría logrado establecer más allá de toda duda razonable que los disparos que cegaron a Gatica no podían haber provenido más que de la escopeta utilizada por Crespo, estableciéndose fehacientemente su responsabilidad en los hechos.

Sin embargo, Crespo sería absuelto debido a la aplicación de la ley 21.560, o rebautizada como “Naín-Retamal”, una norma que estableció una legítima defensa privilegiada para blindar y proteger a las policías; norma que en su momento rápidamente fue calificada como la legalización del Gatillo Fácil y la legitimación de la impunidad policial por importantes abogados, académicos y organizaciones de DDHH, y que ya cuenta con casos deleznables como el de David Toro en San Antonio, Maximiliano Rodríguez, Tomás Pérez en la población Juan Antonio Ríos, Maritza Pizarro de Antofagasta, y sumamos.

¿De dónde salió esta norma?

Esta norma es producto de la fusión que hizo el gobierno de Boric de las leyes Naín y Retamal y del impulso que le dieron para que fuera aprobada. Es cierto que no es una moción del gobierno o del oficialismo, pero fueron ellos los que finalmente, en acuerdo con la derecha, establecieron el contenido y los contornos.

Para esto es que la primera línea de Ministros, con la ministra PC Camila Vallejo a la cabeza, se pusieron al frente de impulsar a como dé lugar esta normativa, para lo cual mantuvieron sendas negociaciones con la derecha que les permitiera arribar a un acuerdo en el Senado, donde de manera transversal, es decir desde el PC a la UDI, se aprobó el proyecto en general, incluyendo la odiosa normativa de legítima defensa privilegiada, contando con los votos de Latorre y Núñez (senadores RD y PC respectivamente).

No solo eso. El mismo ejecutivo requirió la suma urgencia para la tramitación de la ley, llamó activamente a sus parlamentarios a aprobar y de manera express la promulgó, renunciando al veto presidencial, para evitar cualquier recurso ante el Tribunal Constitucional.

En su aprobación fueron claves el Frente Amplio y el Partido Comunista, tanto por sus abstenciones o su ausencia en sala, tanto por el pacto represivo con la derecha, tanto por haberse desistido de recurrir al Tribunal Constitucional; los mismos que hoy rasgan vestiduras de manera hipócrita, desmarcándose de la promoción de esta ley funesta. Es cierto, ellos no votaron a favor de la ley, pero tampoco hicieron nada por detenerla, a pesar de declaraciones de buena voluntad en contra de la ley.

Se dice que la memoria tiene patas cortas, por eso es bueno recordar cuándo Camila Vallejo, ministra PC, a días de haberse promulgado la ley (10 de abril del 2024), defendía la tramitación de la misma y los pactos alcanzados con la derecha para su aprobación. 

Tienen que hacerse responsables

En suma, esta ley fue impulsada y promovida por el PC, el FA y la ex Concertación, los mismos que hoy rasgan vestiduras y emiten sendas declaraciones en contra de quienes votaron a favor de la ley de manera de esconder su responsabilidad en la tramitación. Ellos son los responsables de la impunidad de Crespo.

Pero el problema no es sólo un fallo que sienta un pésimo precedente, sino que este fallo es síntoma de un clima represivo más amplio, fundado en la criminalización de la protesta, de la pobreza y de la migración, en discursos que legitiman la represión y en la disposición de leyes represivas más duras (como la ya comentada ley de Gatillo Fácil, a la que podemos sumar la ley Anti-tomas o las modificaciones a la ley antiterrorista), medidas, todas, que nada tienen que ver con la delincuencia o la seguridad, sino que con el orden, el control y la impunidad.

No es de extrañar que a la fecha no hayan policías ni agentes del Estado condenados, mientras por otro lado el Ministerio Público se encarga de desestimar cientos de denuncias por vulneración a los derechos humanos. No hay condenas, hay montajes judiciales, hay persecución a quienes alzan la cabeza; mostrando cómo la justicia opera al servicio de los poderosos y los represores.

Una justicia que hiede a pudrición. La condena a diversos funcionarios policiales, incluyendo altos cargos, en el marco del juicio por la Operación Huracán dio cuenta de cómo las policías realizaban montajes, armando o modificando pruebas para justificar la persecución al pueblo mapuche. Mientras más alto apuntamos más huele la impunidad, se trata no solo de policías, son fiscales, jueces, directores policiales, notarios, hasta Ministros de Corte los que fueron mojados por el dinero de Hermosilla o de Vivanco, exhibiendo una trama de poder y dinero que tiene al poder judicial sumido en una importante crisis de legitimidad.

Es esta misma justicia la que determina la prisión para Nicolás Piña, mientras que para un criminal probado garantiza la impunidad. Es el mundo al revés.

Gracias a este andamiaje represivo, fortalecido por la administración del PC y el FA, no sólo tenemos impunidad, como en el caso de Gatica, sino que con esto se fortalece una línea autoritaria del régimen para asestarle golpes a los movimientos sociales y a la izquierda para pavimentar el camino al futuro gobierno de José Antonio Kast, gracias a las leyes pactadas entre el FA-PC-Concertación.

En este marco de mayor autoritarismo, de represión y criminalización, es que es más necesario romper cualquier tipo de aislamiento y atomización de las diversas causas y luchas dispersas para coordinarnos de cara a la llegada de Kast.

El momento requiere que las organizaciones y movimientos sociales y la izquierda se pongan a la altura de las circunstancias, más allá de las naturales diferencias y debates entre organizaciones. Hay que avanzar en coordinar a las organizaciones de DDHH, históricas y nuevas, al movimiento estudiantil, a organizaciones de pobladores, organizaciones de trabajadores y de la izquierda.

Una gran coordinación, organizada desde abajo, desde las bases, nos puede preparar para estar en mejor pie para lo que se viene eventualmente en un gobierno de Kast, más represión y autoritarismo, para lo cual se apoyará en las leyes represivas legadas por el gobierno de Boric. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, es más que necesario que las grandes organizaciones sociales y sindicales pasen al frente, el Colegio de Profesores, la ANEF, la CUT, la Federación de Sindicatos de BHP-Escondida, la Coordinadora 8M, la Confech, deben tomar en sus manos la lucha contra la represión y la defensa de los derechos humanos. El tiempo apremia.