Por Fernando San Román 
La Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra la empresa Andes Iron, titular del proyecto minero Dominga, y contra los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva en el marco de otra causa por corrupción judicial conocida como “Muñeca Bielorrusa”.
La decisión se adoptó luego de que los diputados PS, Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, entregaran antecedentes que apuntan a pagos por $255,5 millones realizados por Andes Iron durante 2023 al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber. Las transferencias se concretaron en paralelo a la revisión, por parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta, del rechazo del Comité de Ministros al controvertido proyecto minero-portuario.
De acuerdo con una investigación publicada por el medio Reportea, los montos fueron registrados como honorarios por asesorías jurídicas, pese a que Lagos y Vargas no figuraban como litigantes en las causas asociadas a Dominga. Entre los antecedentes aportados se incluyen cartolas bancarias, un contrato firmado en marzo de 2023 por un total de UF 7.100 y la distribución interna de los pagos, parte de los cuales habrían llegado a exparlamentarios vinculados al estudio jurídico.
Asimismo, los documentos entregados al Ministerio Público consideran cruces temporales con fallos judiciales relevantes y eventuales vínculos con ministros que intervinieron en decisiones favorables a la minera. Con estos elementos, la Fiscalía estimó que existen antecedentes suficientes para indagar la eventual comisión de delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias, abriendo así un nuevo flanco judicial en la extensa y polémica historia del proyecto Dominga.
Cabe recordar que el 3 de octubre de 2021, los medios digitales Ciper Chile y LaBot revelaron que la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera pactó en 2010 la venta del proyecto minero Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, mediante una operación realizada en las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación dio cuenta de que el último pago, por US$10 millones, se concretó en 2011 —durante el primer mandato de Piñera— y estaba condicionado a que no se produjeran cambios regulatorios que impidieran la instalación de la mina y su puerto. En concreto, el pago se efectuaría siempre que el área no fuera declarada zona de exclusión ambiental, parque nacional o reserva natural.
Como dichas restricciones no se materializaron, la operación se cerró según lo estipulado. Meses antes, en agosto de 2010, Piñera anunció públicamente la cancelación del proyecto termoeléctrico Barrancones en La Higuera, la misma comuna donde se emplaza Dominga, hecho que intensificó los cuestionamientos públicos.
Estos antecedentes motivaron una investigación penal contra el entonces mandatario por eventuales delitos tributarios y de cohecho, vinculados a la cláusula contractual que supeditaba el pago final a decisiones regulatorias ambientales. Sin embargo, la causa avanzó escasamente y fue cerrada tras el fallecimiento de Piñera. Hoy, una investigación previa de 2017 —en la que el expresidente fue sobreseído— vuelve a ser cuestionada, luego de que el fiscal a cargo, Manuel Guerra, quedara bajo la lupa por sus vínculos con el denominado Caso Hermosilla.
Redacción 
Leonardo Silva Martínez