Minvu y Serviu llaman al diputado Jaime Araya a actuar con responsabilidad por graves acusaciones basadas en un audio no verificado

Mediante un comunicado, la Seremi de Vivienda y Urbanismo junto al director regional del Serviu de Antofagasta, emplazaron al diputado Jaime Araya (PPD) y lo llamaron a actuar con responsabilidad, luego que el parlamentario afirmara que en la región se estarían entregando viviendas sociales a personas que residen en el extranjero.

Araya había señalado que “lo que se está permitiendo es que una persona que obtuvo una vivienda social en Antofagasta desde el extranjero mande un poder para que se suscriba a la escritura. Cuántas familias de antofagastinos llevan años esperando, y resulta que quienes viven fuera de Chile se convierten en dueños de estas casas sociales”.

Lo anterior, tras la difusión de un audio no verificado de una persona no identificada, quien entrega supuestas indicaciones para otorgar un mandato a un tercero para representar a una beneficiaria de un subsidio a la vivienda, quien se encontraría en el extranjero.

Desde Seviu y Minvu afirmaron que a la fecha no se ha recibido ninguna denuncia formal con la identificación de la supuesta funcionaria del Serviu que estaría incurriendo en una eventual ilegalidad al amparo de una institución pública.

«Invitamos al diputado a entregar los antecedentes para iniciar los procedimientos administrativos respectivos», precisaron.

«Los dichos del diputado son graves y afectan la dignidad de la función pública de todas y todos quienes trabajan en el Serviu Antofagasta, ya que se presume la comisión de un delito, como lo es el robo de los impuestos de las y los antofagastinos, la existencia de una eventual red de corrupción en el Serviu, además, de que se estaría privilegiando un sector de la población en desmedro de otros, desconociendo la existencia de  procedimientos establecidos en la ley y que estos no obedecen a criterios arbitrarios de los funcionarios o la autoridad de turno», agregaron.

«Invitamos a la ciudadanía a informarse por los canales formales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a denunciar a las autoridades competentes los hechos que puedan ser constitutivos de delitos para que se investiguen y sancionen, ya sea administrativa, civil o penalmente», concluyeron.