Por Redacción 
El máximo tribunal rechazó el recurso de Tottus y Liderman, quienes deberán pagar $10 millones por daño moral tras acusar sin fundamentos de robo a una clienta habitual.
La Corte Suprema confirmó un fallo que obliga al supermercado Tottus y a la empresa de seguridad Liderman a pagar una indemnización de $10 millones por daño moral a una clienta que fue retenida y acusada injustificadamente de robo en un local de Antofagasta. La decisión fue unánime y dejó en claro que ambas empresas actuaron de manera negligente.
El caso se remonta a un incidente en el que guardias de seguridad de Liderman, contratados por Tottus, retuvieron a la clienta bajo la sospecha de que había robado productos. Sin embargo, se demostró que se trató de un error en el cobro por parte de la cajera y que la mujer no tenía intención de llevarse mercancía sin pagar. La Corte destacó que la detención fue desproporcionada y carente de racionalidad, especialmente considerando que la clienta era conocida en el local por sus frecuentes compras.
En su fallo, el máximo tribunal rechazó el recurso presentado por Tottus, que buscaba evitar su responsabilidad en el hecho. La empresa argumentó que había cumplido con todas las medidas de seguridad y que los guardias de Liderman eran idóneos para ejercer sus funciones. Sin embargo, la Corte determinó que Tottus tenía el deber de supervisar y controlar las acciones de dicho personal de seguridad, especialmente porque estos actuaban en sus instalaciones y bajo su responsabilidad.
Además, el fallo subrayó que Tottus no presentó pruebas suficientes para demostrar que había tomado todas las precauciones necesarias para evitar este tipo de situaciones. Por ello, se confirmó que ambas empresas deben responder de manera conjunta por los daños causados a la clienta.
Este caso sienta un precedente importante sobre la responsabilidad de los establecimientos comerciales y las empresas de seguridad en la protección de los derechos de los consumidores, especialmente en situaciones que involucran acusaciones infundadas y detenciones injustificadas.
Leonardo Silva Martínez