Una reflexión y análisis a propósito de las movilizaciones lideradas por profesores y profesoras que exigen justicia para Katherine Yoma.
«Si no consiguen todo lo que piden, ¿hasta cuándo van a estar parados»? Las bases lo dirán. Lo interesante de esta pregunta, hecha por apoderados, más allá del día en que ocurra esta respuesta, es que obliga a pensar en perspectiva y a entender que todo proceso de movilización no solo se sostiene por el apoyo de, en nuestro caso, profesoras y profesores, y trabajadores de la educación, sino que guarda en sí un proceso de negociación, en donde la movilización y la presente paralización, son acciones concretas que nos permiten demostrar mayor capacidad de fuerza para el logro de una negociación favorable a nuestros intereses.
Así, el magisterio tiene que analizar de manera minuciosa todo el trabajo desplegado, logrando determinar con claridad y astucia el camino a seguir para conseguir el logro de nuestras demandas; determinar lo avanzado, lo retrocedido y lo estancado, punto importante este último para saber qué destrabar y poder avanzar.
La deliberación de los puntos anteriores, tiene que ser llevada de manera permanente de abajo hacia arriba. No por caprichos verticalistas, sino porque las discusiones y decisiones tienen que ser legítimas, válidas y efectivas: 1) en las asambleas por escuelas (donde están presentes todos y todas), 2) en asambleas de delegados y dirigentes (donde se refleja el consenso de todas las escuelas de manera representativa, proporcional y equitativa) y 3) la directiva debe liderar, dirigir y llevar a buen puerto lo que las y los docentes, trabajadores de la educación, trabajadores de base, principales protagonistas, determinen.
En reunión con asistentes de aula explicamos el panorama. Trabajo de Mutual que responda a los intereses de los trabajadores de la educación no se avizora, explicando la dirección del trabajo que es el empleador quien decide la afiliación o desafiliación a ese organismo. Seremía de educación nos presentó un plan, sujeto a nuestras observaciones, que aborda la problemática de salud mental y de aspectos laborales según las competencias que les otorga la ley (creación de espacios seguros, línea directa para derivación de casos, jornadas de bienestar, freno a la cultura de «enrocamiento» de victimarios, entre otros elementos del plan de intervención que está ya a disposición de nuestros afiliados).
Sobre derechos laborales, no descuentos, no amedrentamiento y no recuperación, en mesa de trabajo instalada con nuestro empleador, CMDS, con presencia de DEPROV, estancada por mayoritaria decisión del magisterio al no existir renuncia de secretaria ejecutiva -ocupando ello parte central de nuestro petitorio- se determinaron medidas que responden a los puntos solicitados, medidas que deben lograr quedar solidificadas y no a voluntad de la 2° persona al mando de CMDS, ya que no podemos saber si quien asuma hará reconocimiento de esto-. Sumado a lo anterior y refiriéndose particularmente al acoso sexual, laboral y existencia de protocolos, se logró avanzar en seremía -además de lograr canales efectivos de derivación de casos, algunos ya realizados, con seremía de la mujer y equidad de género, y seremía de educación-.
Cuando las bases decidan la vuelta a clases, éstas no deben comenzar con la acostumbrada normalidad, sino que debe darse aquel día para realización de jornada de reflexión, acorde con la exigencia legal de educar integralmente y educar en valores y actitudes democráticas, que permita, si es necesario, la modificación inmediata de los reglamentos internos de los establecimientos, para determinar si ellos dan respuestas efectivas que impidan la violencia hacia profesores y asistentes de la educación -a la espera de acciones legislativas que buscan dar mayores penas a quienes violenten a profesores, asistentes de la educación, asistentes de aula y a la comunidad educativa en general-.
En el caso de que existan modificaciones a los reglamentos internos de las escuelas y liceos -mandatando la legislación a realizarlas al menos una vez cada año- estas medidas deben prevenir las situaciones de violencia hacia docentes, hacia trabajadores de la educación, y dar sanciones en proporcionalidad con las acciones cometidas: ¡expulsión inmediata cuando se trate de agresión directa!
También debe construirse un archivo, sujeto al reglamento interno, para dar seguimiento a los diferentes tipos de agresión, considerando también que la acumulación de ellos, vinculando de manera efectiva las agresiones de apoderados con las de sus pupilos, establezcan acciones preventivas, formativas y punitivas, con plazos y acciones concretas, según corresponda. Empero, hay que tener claridad absoluta que la inexistencia de acciones formativas efectivas sobre estudiantes y apoderados que correspondan, ya sea que se mantengan en la comunidad o sean derivados a otras, en proporción directa al acto cometido, solo harán que el problema se mantenga en la misma unidad educativa o se transforme en un problema de otra comunidad. También, en este día, es necesario que el Comité Paritario establezca un proceso de investigación que permita recopilar todos los casos de maltrato hacia profesores y asistentes de la educación, para que el informe que emane quede a disposición de las autoridades y para que se encarguen de tomar acciones preventivas y actuar ante los casos de violencia no abordados, ante la integridad física y psicológica de los trabajadores de la educación.
En 1997 se promulgó la Jordana Escolar Completa y fue el Colegio de Profesores, a través de paralizaciones, el primero en hacer una crítica explícita; no fue tomado en cuenta. En 2006, a partir de la revolución pingüina, el magisterio, junto con la comunidad educativa, clamaba por la modificación de aspectos centrales de las políticas públicas educativas; terminó en un apretón por parte de nuestros «representantes», apretón que significó cambios cosméticos. En 2007 salió del horno la ley de nueva educación pública (la que incluye la instalación de los servicios locales), pero cercenada por los intereses empresariales de los representantes de nuestros empresarios en el parlamento (o de sus mismas empresas); el necesario cambio de financiamiento a través de subvención por asistencia no se logró, junto a otras disposiciones, llevando a una implementación que hoy es aplaudida en algunas regiones, pero que mayoritaria y legítimamente está siendo cuestionada. En 2022 hubo un proceso de paralización en la comuna de Antofagasta, logrando que se materializaran, quedando puntos pendientes, arreglos en infraestructura que los establecimientos necesitaban.
Seamos francos y claros en decir que nunca más, nuevamente, persona alguna puede venir a decirnos «no lo vimos venir».
Jonathan, ¡date cuenta!
Nicolás Vega 
Mauricio Lacazzete Pinto