Durante su reciente visita a Antofagasta, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, conversó con Diario Regionalista para referirse a su agenda de trabajo en la capital regional.
Bustos se refirió a la conmemoración de los 50 años del golpe, a la crisis migratoria y al aumento de los discursos xenófobos. También dialogó sobre la impunidad tras los abusos cometidos por parte de agentes del Estado durante el estallido social.
Entre las actividades realizadas destaca el recorrido por el sitio de memoria Providencia. Al respecto, el representante confirmó que recibió denuncias sobre «la existencia de actos de amedrentamiento» que los integrantes de la agrupación local «habrían sufrido por parte de funcionarios de Carabineros».
«En ningún caso corresponde que haya actos de amedrentamiento de parte de nadie y tampoco de una institución del Estado», afirmó.
Nos gustaría conocer acerca de la agenda que tuvieron en Antofagasta.
En primer lugar, esta visita a Antofagasta se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Amnistía Internacional tiene una campaña que se denomina «hagamos memorias», porque nos parece fundamental mantener la memoria sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en la dictadura, para que no se repita esa historia de atrocidades que vivimos en nuestro país. En ese contexto hemos estado no solo visitando sitios de memoria y reuniéndonos con organizaciones de la región Metropolitana, si no también en otras regiones del país. Y por eso ha sido importante para nosotros y nosotras reunirnos con representantes del sitio de memoria La Providencia, conocer el trabajo que han hecho de recuperación de ese espacio y cuáles son los desafíos actuales que tienen y ver de qué manera podemos trabajar en conjunto.
¿Qué te parece la experiencia que ha llevado adelante La providencia durante todos estos años, pero también la complejidad que significa para ellos convivir con un recinto donde está Carabineros? Ellos denuncian que han sufrido hostigamiento, que a veces hay un dron grabándolos.
La verdad es que en general las luchas que se han llevado adelante para la recuperación de los sitios de memoria, han sido de parte de los familiares, de sobrevivientes, de organizaciones de Derechos Humanos. No han venido desde el Estado. Y en eso el sitio de memoria La Providencia no es una excepción. Y no ha sido un camino fácil poder recuperar este sitio. Pudimos conocerlo y darnos cuenta del tremendo trabajo que realizan no solo respecto de la memoria de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, si no también las violaciones a los Derechos Humanos que ocurren actualmente, el año 2023, respecto de personas migrantes, de personas que protestaron durante el estallido social y en otros contextos. Sin lugar a dudas no es fácil la convivencia con Carabineros de Chile, estando al lado del sitio. Nos denunciaron también la existencia de actos de amedrentamiento que habrían sufrido por parte de funcionarios de Carabineros. Nos van a enviar todos los antecedentes. Y de nuestra parte esperamos hacerlo ver a las autoridades que entendemos ya han sido informadas, pero también planteárselo de parte de nuestra organización. Porque en ningún caso corresponde que haya actos de amedrentamiento de parte de nadie y tampoco de una institución del Estado, pero menos aún considerando que se trata de personas que son parte de un sitio de memoria y que son defensoras de Derechos Humanos. Y las personas defensoras de Derechos Humanos tienen una protección especial de acuerdo al derecho internacional, en relación a la labor que hacen.
Sobre el tema migratorio, hemos vivido una crisis en el último tiempo y han aumentado los discursos xenófobos y discriminatorios desde algunos sectores, a propósito de la agenda de seguridad. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen al respecto?
Agradezco la pregunta, porque parte de la importancia de venir aquí a la región -y hace unas semanas estuvimos también en Iquique- es reunirnos con organizaciones de personas migrantes de la red de migrantes de nuestro país. Queremos conocer también sus vivencias y los problemas que están teniendo hoy en día cuando el debate público está muy centrado en asociar indebidamente la delincuencia con la migración. Por cierto que existen casos de personas extranjeras que han cometido delitos, pero siguen siendo una mayoría de personas chilenas quienes cometen los delitos. Y nos preocupa mucho que existan narrativas en nuestro país -y en algunos casos instaladas por autoridades del Estado- que de alguna forma están muy cerca de ser discursos xenófobos que en nada contribuyen a tener una migración regulada y ordenada. Lo que debiera contribuir a ello -y lo hemos conversado con las organizaciones- es que de parte del Estado se avance en caminos y procedimientos para regularizar a las personas que están en Chile, que están trabajando, que llevan una vida en nuestra sociedad con sus familias y otras relaciones sociales. Sin embargo, hoy no tienen caminos adecuados que, además, con la nueva ley de migraciones todavía de parte del gobierno no se ha incluido eso debidamente en la política migratoria que en este momento está en Contraloría.
Respecto al estallido social, ustedes han señalado muchas veces que hay impunidad y que no se han resuelto los casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por parte de agentes del Estado. En nuestra región la situación es similar. Hasta ahora los únicos que han recibido el rigor de la justicia han sido quienes fueron detenidos en el contexto de manifestaciones.
La verdad es que la región de Antofagasta en esto no tiene mayor diferencia respecto a lo que ha sucedido en el resto del país. Hemos podido observar cómo en Chile después del 18 de octubre de 2019 hemos tenido dos justicias. Una respecto de las investigaciones de delitos comunes cometidos en el contexto de manifestaciones, donde ya después de un año había cientos de personas condenadas. En cambio, estando hoy en día a 4 años del estallido, solamente hay 27 sentencias condenatorias respecto a más de 10.000 denuncias de violaciones a los Derechos Humanos. Hay un escenario en general de impunidad. Hay también una falta de política de reparación integral a las víctimas. Sigue pendiente una garantía de no repetición fundamental, que es una reforma profunda a Carabineros de Chile. Y, por lo tanto, hemos dicho que el Estado está al debe. Quisiera recalcar que la impunidad no tiene que ver solo con quienes apretaron el gatillo en alguna plaza de Antofagasta, de la región Metropolitana o de otros lugares de Chile, si no también con los altos mandos de Carabineros que, teniendo los antecedentes de lo que estaba ocurriendo, no adoptaron medidas para terminar con los abusos y las violaciones a los Derechos Humanos. Esto lo ha dicho Amnistía Internacional y otros organismos de Derechos Humanos.
¿Y qué pasa con las autoridades políticas que en su momento también avalaron estos hechos e, incluso, tomaron decisiones?
Por cierto que todas las personas que tenían poder para terminar con las violaciones a los Derechos Humanos y no adoptaron las medidas, teniendo los antecedentes, teniendo atribuciones para ello, hoy día debieran responder a la Contraloría por sus faltas administrativas o en sede penal ante los tribunales. Y en este caso, sean funcionarios de Carabineros que dispararon en las plazas, sean altos mandos de Carabineros o sean autoridades políticas. La fiscal Ximena Chong está llevando adelante una investigación en esta materia. Nosotros hemos estado colaborando con estas investigaciones, tanto la investigación por crímenes de lesa humanidad como por la responsabilidad de los altos mandos y esperamos que se avance pronto en formalizaciones, porque un país que finalmente tiene impunidad respecto a las las violaciones a los Derechos Humanos, es un país en que es más posible que esas violaciones a los Derechos Humanos se vuelvan a cometer.
¿Cuál es el balance actual que se hace respecto a la situación de los Derechos Humanos en nuestro país?
Hay, por cierto, medidas que hemos valorado en el contexto de los 50 años del golpe de Estado. Por ejemplo, el anuncio -y hace poco se conoció el texto de la propuesta- del Plan de Búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Hace poco se anunció -y creemos que va en la dirección correcta- la propuesta de levantamiento del secreto Valech para los tribunales de justicia. O la tipificación del delito de desaparición forzada. Por lo tanto, creemos que hay medidas que son positivas. También el año pasado el hecho de que se haya finalmente firmado y ratificado el Acuerdo de Escazú que no se había querido suscribir por parte del gobierno anterior. Pero, también son muchas las deudas. Conversamos de varias relacionadas con el estallido social. En materia de migración y refugio creemos que el Estado de Chile está claramente incumpliendo obligaciones internacionales de Derechos Humanos y hay diversos otros ámbitos donde nuestro país tiene que seguir avanzando. Este año no solo se cumplen 50 años del golpe de Estado. El 10 de diciembre también se cumplen 75 años desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue el 10 de diciembre de 1948. Y no solo Chile, si no el mundo, está en un momento donde muchas veces van avanzando discursos negacionistas, discursos de odio, relatos que en el fondo tratan de hacer caso omiso a los avances civilizatorios que se ha dado la humanidad en las últimas décadas. En ese marco, creemos que es muy importante que nuestro país avance hacia una cultura más respetuosa de los Derechos Humanos, por ejemplo, incluyendo la educación en Derechos Humanos en todos los niveles educativos. Eso, sin duda, está pendiente.
¿Alguna reflexión final a propósito de la visita a Antofagasta?
Creemos que ha sido una visita muy valiosa. Ha sido muy enriquecedor reunirnos con organizaciones de Derechos Humanos de la región, que están haciendo una labor muy importante. También con organizaciones migrantes, así como con representantes del sitio de memoria Providencia. Nos reunimos también con autoridades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica del Norte, con quienes estamos evaluando proyectos en conjunto en el próximo periodo. Y, por lo tanto, esperamos seguir concurriendo y seguir trabajando con organizaciones de Derechos Humanos de Antofagasta y la región.