Un verdadero show vivimos entre el miércoles 15 y el jueves 16 de agosto a nivel nacional, con un publicitado operativo de expulsión masiva de inmigrantes anunciado por el gobierno y presentado a todo el país a través de los noticieros y otros medios de comunicación.

La imagen era de película. Funcionarios de la PDI en fila, caminando hacia un avión, llevando esposados a numerosos ciudadanos colombianos. Todo, observado de cerca por el Ministro del Interior. Luego las redes sociales replicando los videos y las fotografías. Luego los portales de noticias y al día siguiente los diarios. Una de las portadas, de La Segunda, daba cuenta de la “meta” del gobierno de expulsar a unos 2 mil inmigrantes durante 2018.

Todo es parte de una estrategia comunicacional del gobierno, bien pensada y que claramente busca blindar a la administración del presidente Piñera, en medio de los duros cuestionamientos que ha sufrido el ejecutivo por relativizar las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura, de la que muchos de ellos fueron parte y cómplices directos y pasivos, como el mismo mandatario señaló en su gobierno anterior.

Nuestra región no fue la excepción. Aquí no hubo aviones, pero sí muchos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), “acompañando” a los ciudadanos que eran subidos a un bus que posteriormente emprendería su rumbo escoltado por un vehículo policial con sus balizas encendidas. Y todo, con hartas fotos y mucha prensa.

La operación y su respectiva estrategia comunicacional, mezcló expulsiones por condenas criminales, con casos de irregularidad migratoria, en un claro ánimo del gobierno de construir una relación directa entre migración y delincuencia.

La triste performance del gobierno, más allá de lo mediático, es un hecho gravísimo que desconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por el Estado de Chile en 1991, la que en su artículo 22, inciso 9, prohíbe expresamente las expulsiones masivas.

En muchos de los casos se vulnera abiertamente el debido proceso y Chile se pone al margen del derecho internacional.

Este show a lo Donald Trump sienta un triste y peligroso precedente, en donde la discriminación, la xenofobia y la criminalización están a la orden del día.

Tan lamentable como la actitud del gobierno ha sido la reacción de numerosos medios de comunicación, quienes se han prestado para transmitir el show en horario prime, con un tratamiento sensacionalista, abusivo y estigmatizador.

Una legislación y acción gubernamental que endurece las restricciones para el ingreso y permanencia de migrantes, fomenta las actividades de redes y mafias del tráfico de personas y la explotación laboral y abuso de empresarios inescrupulosos.

Según la directora de la clínica jurídica de migrantes de la Universidad Diego Portales, Francisca Vargas, si bien la ley faculta la expulsión, hay una serie de consideraciones que no se están cumpliendo.

“En las resoluciones que expulsan a personas nunca se toman en cuenta otros antecedentes, como la familia de la persona, los hijos menores de edad que tiene, cómo cumplió la pena, si la cumplió a cabalidad y ha tenido una conducta intachable y ahora está reinsertado a la sociedad”, dijo Vargas.

También hay críticas desde el Servicio Jesuita Migrante en voz de su director nacional, José Tomás Vicuña, quien acusó que se está ante un aprovechamiento político de un tema que rinde frutos, pero que vulnera los derechos de las personas.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cuestionaron lo ocurrido y revelaron que muchos de los deportados estuvieron 48 horas sin poder acceder a un llamado telefónico, con comidas reducidas y en evidente estado de deshidratación, lo que vulnera sus derechos. El organismo interpuso acciones legales.

Por su parte, la Agrupación de Colombianos en Antofagasta calificó lo ocurrido como “cortinas de odio hacia la migración, especialmente la colombiana, que el oficialismo ha estado instalando y repitiendo cuando su gestión se ve cuestionada, especialmente en el tratamiento del respeto a los Derechos Humanos, como ha ocurrido en los últimos días”.

Desde la organización afirmaron que el operativo del gobierno corresponde a “un show mediático y escarnio público con fines políticos mezquinos”.

Cabe precisar que las expulsiones, que están contempladas en la ley, deben ser consideradas siempre como una medida extrema, donde la autoridad debe evaluar caso a caso, para no incurrir en abusos y arbitrariedades.

A juzgar por la línea que ha mostrado el gobierno y a la luz de los problemas de gestión y baja en las encuestas, es probable que no sea la primera vez que veamos este tipo de acciones populistas, cuyo objetivo es ganar apoyo en la opinión pública a cualquier costo, sin importar pasar a llevar el derecho internacional y las convenciones suscritas por el Estado de Chile.

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