El especialista destacó la importancia de aplicar un Royalty minero a las grandes empresas extractivistas de los recursos naturales no renovables en Chile.
Martín Arias Loyola (37), doctor en Geografía Económica, University of Melbourne, es nacido y criado en la región minera por excelencia, Antofagasta. Académicamente sus intereses y áreas de investigación han sido las asimetrías de poder, el desarrollo sostenible regional y territorial, la geografía y planificación económica, y las agrupaciones y enclaves extractivos, entre otros. En conversación con Regionalista, el geógrafo económico, actualmente radicado en Australia, subraya los efectos positivos que tendría un eventual Royalty Minero en la actividad económica nacional, dado que dejaría ingresos disponibles para gastos en políticas públicas.
Arias escribió el libro “Crónicas de un economista desadaptado (roto, alienígena y patipelao de provincia)”, que contiene una serie de relatos críticos, y columnas de opinión, expresadas de tal forma que no solo hacen sentido para los antofagastinos, sino que es inherente al espacio sociopolítico y dan sentido a otras realidades regionales y/o nacionales.
¿El sector minero está al debe en términos de contribución al proyecto de desarrollo chileno?
El sector minero ha estado al debe con un proyecto de desarrollo a largo plazo desde la fundación del país, con la única excepción del período comprendido entre la chilenización del cobre por Frei Montalva y la nacionalización durante la Unidad Popular. A diferencia de otros países sudamericanos donde la “Ola Rosa” en que los gobiernos de izquierda fortalecieron el rol del Estado en la producción de bienes naturales, Chile ha mantenido un modelo de explotación de bienes naturales con poco o nada de valor agregado, principalmente para su exportación en una lógica de libre mercado.
Es decir, Chile ha profundizado y actualizado el modelo denominado como “extractivismo” instaurado desde la colonia, donde son los capitales privados multinacionales quienes controlan la producción extractiva. Esto ha llevado a que casi todo el valor producido sea capturado por empresas multinacionales, mientras que lo poco que queda en el país se captura en las comunas más ricas de la capital. Por lo tanto, no es que Chile no tenga una estrategia de desarrollo basada en los recursos naturales, sino que sí la tiene y se llama extractivismo, una estrategia que implica el sacrificio de los territorios periféricos donde la explotación ocurre, en favor del sagrado “crecimiento económico del país”.
Si el Estado recauda más, ¿esto podría perjudicar el sector a largo plazo?
No. Durante mi investigación científica sobre la industria minera, que comenzó el 2011, he tenido la posibilidad de entrevistar a distintas personas vinculadas con el rubro de la minería, tanto en Chile como en el extranjero, y la mayoría comparte la misma opinión: las condiciones en Chile son demasiado buenas como para dejar de producir o “agarrar sus cosas e irse”. Esto por varias razones:
Chile es el país con mayores depósitos de cobre y el segundo con mayores depósitos de litio del mundo (así como también tiene grandes depósitos de otros minerales). Además, es considerado como un paraíso fiscal debido a sus bajos impuestos, y un gran lugar para invertir, debido a su débil regulación laboral y medioambiental, así como la extremadamente precaria capacidad de fiscalización del Estado. El precio del cobre ha alcanzado niveles históricos nuevamente, lo que no asombra a nadie, ya que las industrias extractivas son cíclicas; el metal rojo ha sido considerado como la segunda materia prima más importante, después del petróleo, por sus múltiples usos en la expansión de economías emergentes (como China); los costos hundidos son gigantescos en la minería, es decir, construir una mina es muy costoso y las empresas no pueden agarrarla y llevársela a otro país, lo que hace a la industria minera muy inmóvil. Finalmente, tiene toda una serie de ventajas como un capital humano más capacitado y una infraestructura política y física adecuada para la minería.
Todo lo anterior implica que las pataletas actuales del sector minero son amenazas vacías, puesto que a pesar de que otros países tienen yacimientos de mejor grado, las condiciones que ofrece Chile son únicas en el mundo para la explotación de minerales. Lo que ocurre es que la industria minera está acostumbrada a que esas condiciones no cambien, siendo que es muy común que lo hagan en el resto del mundo.
Es cosa de ver cualquier otro país, y analizar cómo los impuestos, legislación laboral, ambiental, entre otros han cambiado constantemente y las empresas han seguido produciendo. Un ejemplo es Bolivia, donde después del lloriqueo de las grandes multinacionales ante las nacionalizaciones del gobierno de Evo Morales y el intervencionismo en la industria de los hidrocarburos, las empresas no sólo no se fueron, sino que aumentaron la inversión. Debemos entender que las empresas tienen la obligación legal de producir mientras generen ganancias y, por lo tanto, no se irán de un lugar mientras lo hagan. En Chile, generan ultra-ganancias y claramente les molesta ganar un poco menos, pero es ridículo pensar que se irán a otra parte considerando el alto costo que implicaría a las empresas.
¿Cree que las preocupaciones de la industria son válidas? Es decir, ¿esto podría provocar una una detención de la inversión y una disminución en la minería privada?
No, por las razones que mencioné anteriormente. Es otra iteración de la trillada pataleta que escuchamos cada vez que el pueblo de Chile intenta ejercer su soberanía para mejorar las condiciones en las cuales la producción económica se desarrolla, así como los beneficios que esta debiese dejar para el país y sus territorios.
La única forma que creo esto afectaría a Chile es de manera positiva, al dejar más ingresos disponibles para su gasto en políticas públicas, además de abrir la puerta a otras discusiones en relación al modelo extractivista neoliberal. Además, la industria de la minería no es intensiva en trabajo, es decir, a pesar de lo que mucha gente cree no genera mucho empleo, más ahora con el aumento de la robotización. La minería sólo genera trabajo cuando se están construyendo las minas, lo cual no es sustentable.
Por lo tanto, en el improbable caso de que la implementación de un royalty espantase a alguna empresa para empezar un nuevo proyecto, el impacto sobre el trabajo no sería mucho. De hecho, seguramente el país ganará mucho más, aplicando el royalty y asustando a algunas empresas que manteniendo el estado actual, sin royalty y atrayendo a empresas que despojan a los territorios de sus riquezas naturales y humanas.
Teniendo en cuenta que el gobierno estimó que el impuesto por el Royalty Minero llegaría a un 82,3%, ¿cree que efectivamente se duplicaría la tasa impositiva a las utilidades? ¿O no es un dato certero?
En todos los países mineros se cobran royalties, que es el pago al factor tierra. Es más fácil entenderlo así: que las empresas no paguen royalty en Chile es lo mismo que yo decidiera unilateralmente no pagar el arriendo donde vivo. Claramente la/el dueña/o de mi departamento reclamaría y seguramente me sacaría violentamente con la policía porque no estoy pagando por el uso del factor tierra que él o ella posee. O sea, las mineras llevan décadas sin pagar por un factor productivo cuyo dueñx son todxs lxs chilenxs y eso es un robo dentro de la misma lógica capitalista y de libre mercado que esas empresas defienden.
Ahora, lo importante es que se pague ese uso y que la población ejerza su legítimo derecho sobre decidir si quiere cobrar un 3% fijo o copiar a otros contextos similares, como Australia, donde hay distintos tipos de royalty para distintas cosas. Por ejemplo, la producción de concentrados de cobre paga un 5% en el estado de South Australia, vale decir que las mismas mineras que hoy lloran amargamente en Chile, pagan con alegría en Australia. Así que, para mí, esto no es un tema técnico, sino político. Es un asunto sobre el ejercicio de la soberanía del pueblo de Chile, respecto de las condiciones que pone para la explotación de sus recursos no renovables, que además generan toda una serie de costos incalculables para la población humana y no humana que habita los territorios extractivos.
Tal y como ocurrió en Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina durante la “Ola Rosa”, el pueblo de Chile debe decidir bajo qué condiciones, está dispuesto a permitir la explotación de sus recursos naturales y las empresas multinacionales verán si les conviene o no. Si no les conviene, se abriría una oportunidad única para que el Estado de Chile tuviese un rol más proactivo en la producción de los recursos naturales, de manera realmente sustentable, tanto para el medioambiente como para las y los trabajadores y habitantes de las regiones extractivas. O incluso se abriría la posibilidad -que encuentro aún más interesante- de discutir sobre si realmente queremos continuar perpetuando este modelo de desarrollo extractivista, donde el crecimiento económico se construye a costa de la devastación insustentable de territorios y ecosistemas. Personalmente creo que no sólo es posible un sistema de producción no extractivista en Chile, sino que es urgente.
Redacción 
Valeria Ríos Guerrero