La semana pasada se abrió nuevamente el debate sobre el grave problema de la vivienda en nuestra región, a raíz de un violento desalojo de un grupo de pobladores ejecutado por el gobernador subrogante de Antofagasta, para impedir una toma de terrenos.

Así fue el debut del Gobierno de Piñera en nuestra región, con una mano distinta para tratar los problemas sociales.

En entrevista con Regionalista.cl, la Directora regional de la Fundación “Techo Chile”, Mariana Barbosa, profundizó en las razones de fondo que explican las casi 7.000 familias viviendo actualmente en campamentos en la región de Antofagasta.

En un diálogo franco, se refiere a las cifras y a los motivos que llevan a las personas a buscar una solución habitacional con sentido de urgencia.

En la conversación, nos cuenta que durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera, hace 4 años, sólo se construyeron 88 viviendas sociales. La situación se revirtió en el último gobierno de Bachelet, en donde aumentó la construcción de soluciones habitacionales. Pero la crisis es tan profunda, que fue insuficiente.

“Entonces, durante esos 4 años del gobierno anterior de Piñera, el déficit aumento enormemente. Ahí aumentó la brecha”, comenta.

Esta es la conversación sobre unos de los principales problemas que afectan a nuestra región, especialmente a Antofagasta, Calama, Taltal y Mejillones.

¿Cuál es su opinión sobre el desalojo de los pobladores de René Schneider II, ocurrido el miércoles 14 de marzo en Antofagasta?

No es la primera vez que en ese sector se intenta impedir que se tomen los terrenos, porque aún no había familias viviendo en el mismo terreno. La diferencia es que esta vez fue con violencia. Y eso es lo que nos preocupó y por eso salimos a condenar cualquier tipo de violencia. La razón de fondo, el hecho de que las familias estén tratando de tomarse terrenos es porque existe un problema estructural enorme en la ciudad de Antofagasta. Existe un déficit habitacional muy alto. No existe solución para todas las familias y ellos sienten la necesidad de tener que tomarse un terreno.

Nosotros hablamos directamente con los dirigentes y las familias de René Schneider II y nos dimos cuenta que ellos tienen una necesidad habitacional muy urgente. Y por eso lo están haciendo, por necesidad, por falta de soluciones.

Siempre ha habido desalojos, pero ahora hubo violencia. Tenemos entendido que existe un protocolo en estos casos, de acercamiento y de coordinación, que busca agotar el diálogo para impedir la violencia.

El protocolo viene del derecho internacional y de hecho la incorporación al ordenamiento jurídico nacional ha sido potenciada por el “Techo” a nivel nacional, junto al Ministerio del Interior. Nosotros potenciamos la creación de este protocolo de desalojo y obviamente tenemos noción de todos los pasos. Por ejemplo, el tema de notificar es muy importante. Primero conversar y negociar con las familias para ver qué otras opciones tienen. El desalojo con uso de fuerza no cumple con los criterios que exige el protocolo. Es un protocolo oficial del Ministerio del Interior, es un decreto.

Internacionalmente se considera la vivienda como un derecho social. ¿Cómo lo ven ustedes y cuál es la mirada del estado en esto?

El tema de la vivienda adecuada es un derecho internacional. Está en los tratados internacionales. Algunos países lo reconocen en su constitución. Chile no es el caso. Chile es obligado a hacer valer el derecho internacional, porque tiene un artículo de incorporación de los tratados internacionales. Pero no obstante no está plasmado en la ley y no tiene tampoco ninguna forma en que esté concretado, sólo en las políticas públicas de subsidios habitacionales que existen actualmente. Pero no son suficientes. La vivienda en Chile no es vista como un derecho. Es vista mucho más como un bien, como algo de mercado. Está haciendo falta que sea vista como un derecho, que todas las personas tengan una vivienda adecuada, con acceso a los servicios básicos.

Respecto al tema de fondo, a las razones por las cuales hoy día tenemos casi 7.000 familias viviendo en campamentos en Antofagasta. ¿Cuál es el principal motivo?

Nosotros hicimos un estudio el año 2017 sobre los motivos que llevan a las familias a vivir en campamentos. Se llama estudio de campamentación. Se hizo en algunas regiones del país, las que han tenido más aumento de familias en campamento. En general, a nivel nacional, el 60% de las familias se va a un campamento por el alto costo de los arriendos. Y en Antofagasta eso se dispara al 86%. O sea, el 86% de las familias que viven en campamento actualmente en la región dicen que el principal motivo fue ese. Después también analizamos otros motivos. Y el gran problema es cómo los arriendos también tienen un monto muy alto y principalmente asociado a los migrantes, existen también situaciones de arriendo abusivo, con reglas abusivas, mucho hacinamiento. Porque muchas veces los migrantes no logran arrendar nada más que una pieza, porque no tienen papeles que puedan comprobar, las liquidaciones que se exigen, 12 meses de liquidación y todo eso.

¿Qué porcentaje actualmente de migrantes hay en los campamentos en Antofagasta? ¿Están organizados, cómo conviven con los chilenos?

El último estudio que nosotros hicimos, un catastro, era de un 60%. Los campamentos son todos diferentes. Algunos de migrantes, otros de chilenos. Pero actualmente en general todos son interculturales, tienen muchas culturas juntas. Los campamentos están muy organizados, tienen directivas y vecinos comprometidos para trabajar y encontrar una mejor calidad de vida. Trabajan en conjunto, conviven. Cuando trabajamos en terreno no nos damos cuenta de esas diferencias. Obviamente existen prejuicios. Pero ellos tienen un objetivo común, un problema común, que es más grande que la diferencia cultural, que es el problema habitacional.

¿Cuál es el motivo por el cual este tema cuesta tanto resolverlo? ¿Es un tema de falta de voluntad política del estado? ¿Hay especulación con el precio de los terrenos?

Antofagasta es una región bien particular. Ustedes saben que el precio del suelo es altísimo. Ese es un problema enorme cuando uno quiere construir viviendas sociales y reducir el déficit habitacional. También pensando en que es una ciudad que fue forzada a crecer con un tipo de negocio que existe acá. Y se atrae a mucha población flotante e inmigración. Y la ciudad no estaba preparada para recibir a tantas personas. Y afecta la forma en cómo está creciendo, con su geografía muy particular también. Si sigue creciendo hacia el cerro, estamos en situación de riesgo, si sigue creciendo hasta el norte o sur, no está conectada a los servicios de transporte. Hace falta una muy buena planificación urbana. Ver qué vueltas se puede dar a Antofagasta, para que todas las personas tengan acceso a la ciudad. Y el gran problema es la disponibilidad de suelos. Los subsidios que se entregan no son diferenciados por regiones. Eso significa que el subsidio que recibe una persona en Antofagasta, es el mismo que recibe una persona en Valparaíso. Mientras que la habitación allá es mucho más barata que acá. Entonces, no existe ese equilibrio. Y sí, depende bastante de las decisiones que se tomen a nivel político. La vivienda debiera ser una prioridad, para después empezar a trabajar y formar más políticas públicas, desde la perspectiva de las personas que viven en vulneración habitacional y las personas que tienen necesidad. Saber qué es lo que ellos esperan o de qué forma se podría superar la problemática.

Y también el tema de que siempre se enfoca mucho en el derecho a la propiedad. Y la vivienda adecuada no está asociada a la propiedad, está asociada a una tenencia regular. Y existen varias formas para tener esa tenencia. Puede ser con un arriendo, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser la propiedad. Y en una región que tiene tanto déficit habitacional, tenemos que ser más creativos en qué solución encontrar.

Hay países que tienen arriendos públicos. Y recientemente Recoleta y Valparaíso están empezando a implementar ideas similares.

Nosotros hicimos nuestras propuestas de políticas públicas el año anterior. Tenemos 10 propuestas. Y una de ellas es el arriendo protegido. Y la cantidad del costo del arriendo no puede pasar del 20% del salario de la persona, que es la medida de la OCDE.

¿Cuál es la expectativa con el nuevo gobierno?

Lo que nosotros observamos, de lo que ha pasado hasta ahora, es que siempre sale en la opinión pública el interés de la vivienda. Sale como priorización del Intendente que está recién asumiendo. Eso es una esperanza de que se pueda trabajar en este tema y mejorar la problemática. En Antofagasta en 7 años, desde 2011 al 2017, las familias en campamento crecieron en un 538%. Había aproximadamente 1.000 y ahora son casi 7.000. Entonces, es un problema que es necesario empezar a solucionar. Nosotros esperamos que se pueda conversar e implementar nuevas políticas públicas, que puedan ser orientadas a mitigar esta gran problemática de los campamentos.

¿Qué llamado le haría a quienes critican a las personas que viven en campamentos, con muchos comentarios negativos, incluso apoyando los desalojos? También se ha podido leer comentarios xenofóbicos y que claramente constituyen discriminación.

Primero, Antofagasta, mal o bien, se ha construido y constituido mucho con esta lógica. Las poblaciones que están arriba del cerro, fueron campamentos antes. Lo que se espera es un poco de comprensión y solidaridad de la gente y la comunidad antofagastina. Las personas están pasando por esta situación de tener que tomarse terrenos, vivir sin acceso a servicios básicos, con el riesgo de ser desalojados de forma constante, porque no tienen otra solución. Y también, no olvidar que estamos todos a un paso de estar en campamento. Nosotros hicimos un levantamiento de información y al 20% de la población que tiene menos ingresos lo comparamos con el precio promedio de un arriendo acá y no sobra nada. No alcanza para nada. Alcanza para arriendo y lo que sobra no alcanza para salud, tampoco alcanza para la educación de los niños. Entonces, este no es sólo un problema de quienes están actualmente con esta crisis habitacional, puede ser un problema a futuro de todos. Es muy frágil. Es suficiente que pase algún elemento gatillante en la vida de una persona, perder un empleo, enfermedad de algún familiar, que puede llevarlo a una situación de vulnerabilidad habitacional.

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