El 10 de abril de 2013 Bolivia inició la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, con la intención de lograr una salida soberana al Océano Pacífico.
El argumento del país altiplánico es que nuestra nación se habría comprometido y tiene la obligación legal de negociar para poder solucionar este conflicto y que se estaría incumpliendo con dicha obligación.
Chile argumenta, por su parte, que todo está zanjado por el Tratado de Paz y Amistad de 1904, donde se fijaron los límites fronterizos con Bolivia. Tratado que se encuentra plenamente vigente.
Primero, Chile buscó impugnar la competencia de la CIJ ante la demanda boliviana, argumentando que no puede revisar acuerdos suscritos antes de 1948, año en que se firmó el Pacto de Bogotá. Esta etapa previa, que incluyó presentaciones orales y escritas, no fue fructífera para la posición de nuestro país y concluyó con el rechazo del tribunal al requerimiento, dando inicio al proceso sobre el fondo de la causa.
De este modo, tras la presentación de los argumentos y las respectivas réplicas y dúplicas, ahora nos encontramos en la fase de alegatos orales, que comenzó hoy lunes 19 de marzo y que trata sobre el fondo de la petición boliviana, es decir, la existencia de la supuesta obligación de negociar un acceso soberano al mar.
Bolivia solicita a la Corte que se pronuncie sobre tres puntos:
– Que Chile tiene la obligación de negociar para otorgarle acceso soberano al Pacífico.
– Que Chile ha violado esa obligación.
– Que Chile debe llevar a cabo esa obligación de buena fe, formal y prontamente.
En ese sentido, cabe resaltar que la corte de La Haya no decidirá si se le entrega o no una salida al mar a Bolivia, sino que fallará sobre la obligatoriedad de negociar sobre el tema.
Chile sostiene claramente que no existe fundamento jurídico para la demanda boliviana, ya que nuestro país nunca ha asumido una obligación de negociar en un tratado ni en declaraciones unilaterales, ni tampoco se podría decir que por escuchar a Bolivia, propio de la diplomacia y de las relaciones internacionales, ha surgido una obligación jurídica.
Los alegatos orales comenzaron hoy lunes 19 de marzo a las 06:00 horas de Chile y se extenderán hasta el miércoles 28 del mismo mes.
La corte la integran 15 magistrados, quienes deliberan a puertas cerradas. Primero realizan un intercambio de opiniones y traducen un minifallo escrito para los demás integrantes. Semanas después presentan un proyecto de resolución abierto a modificaciones. Tras una segunda lectura se puede aprobar o no, de forma oral y sin abstenciones. Si los votos empatan, el Presidente tiene la última palabra.
Por lo general se dicta una decisión final entre nueve meses y un año después de concluidas las audiencias, dándose lectura pública a esta decisión.