Por Redacción 
Un nuevo caso de presunta corrupción vuelve a golpear a Carabineros en la Región de Antofagasta. Tres funcionarios de la 1ª Comisaría de Calama fueron dados de baja tras ser vinculados a un posible delito de cohecho, hechos que habrían afectado a empresas mineras y ferroviarias que operan en la zona.
Según informó la II Zona de Carabineros Antofagasta, la decisión se adoptó “en el marco de una investigación que actualmente desarrolla el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9, bajo la dirección del Ministerio Público, y en estrecha coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de la institución”.
En este contexto, se dispuso “la desvinculación de un cabo 1º y dos cabos 2° que, al momento de los hechos, desempeñaban sus labores en la 1ª Comisaría de Calama, perteneciente a la Prefectura El Loa”.
De acuerdo con el comunicado oficial, “la medida adoptada se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, las cuales estarían vinculadas al delito de cohecho, conductas que habrían afectado a empresas mineras y ferroviarias de la región”.
Desde la institución enfatizaron que “Carabineros de Chile reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional”, asegurando que se aplicaron “con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad”.
No obstante, el caso vuelve a instalar cuestionamientos sobre los controles internos y la reiteración de episodios que afectan la credibilidad de la institución, particularmente en territorios estratégicos como El Loa, donde la relación entre seguridad, grandes empresas y fiscalización pública es permanentemente observada por la ciudadanía.
En su declaración, Carabineros sostuvo que “la institución reafirma su compromiso permanente con la transparencia, la ética y el estricto apego a la ley, colaborando activamente con los organismos competentes y adoptando todas las acciones necesarias para resguardar la confianza de la ciudadanía y de todos los Carabineros”. Además, subrayaron que “este hecho no define a los miles de hombres y mujeres pertenecientes a esta institución, a ellos todo nuestro respaldo y reconocimiento”.
La investigación penal continúa en manos del Ministerio Público, mientras el caso se suma a una serie de episodios que mantienen bajo escrutinio el actuar de Carabineros y reabren el debate sobre probidad, fiscalización y responsabilidades institucionales.
Matias Recabarren