Por Redacción 
Lo que comenzó como un ambicioso proyecto científico en la Región de Antofagasta ha escalado a una investigación de la Contraloría General de la República. El Ministerio de Bienes Nacionales confirmó oficialmente que el proceso de concesión de terrenos en Cerro Ventarrones a la Universidad Católica del Norte (UCN) —destinados a un observatorio chino— se encuentra bajo una “investigación especial”.
Esta confirmación surgió tras una solicitud de Ley de Transparencia realizada por Diario Regionalista, en la cual se pedían las resoluciones asociadas a dicha concesión. La respuesta de la Seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva Díaz, fue tajante, amparándose en la reserva legal: “No es posible la entrega de la información solicitada habida consideración de que el asunto actualmente se encuentra sometido a una investigación especial en curso ante la Contraloría General de la República”.
La caída del proyecto astronómico, impulsado por la UCN y el Observatorio Nacional Astronómico de China, se oficializó en enero de este año luego de que la Cancillería argumentara que el convenio era inválido. Sin embargo, el trasfondo está marcado por la presión diplomática de Estados Unidos, que desde 2025 alertó —sin entregar pruebas— sobre un posible “uso dual” de las instalaciones con fines de defensa.
Este escenario de tensión ha llegado a un punto crítico en los últimos días con el anuncio de la administración de Donald Trump de revocar las visas al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. Washington acusa a los funcionarios —nuevamente sin entregar pruebas— de «socavar la seguridad regional» al autorizar el proyecto de cable submarino por fibra óptica «Chile–China Express» (CCE), que busca conectar Valparaíso con Hong Kong mediante capitales chinos.
El paralelismo entre ambos casos resulta evidente para los analistas internacionales. Mientras que en Ventarrones se adujeron fallas administrativas de la UCN, en el caso del cable submarino, el ministro Muñoz firmó una resolución el 27 de enero de 2026 que quedó en pausa apenas 48 horas después.
La indagatoria de la Contraloría en Cerro Ventarrones deberá determinar si la concesión otorgada por Bienes Nacionales a la UCN cumplió con los marcos legales o si existieron irregularidades en el uso de terrenos fiscales para alianzas internacionales no visadas por Cancillería. Sin embargo, la sombra de Estados Unidos y sus presiones queda en evidencia una vez más en este polémico episodio.
Leonardo Silva Martínez