Por Redacción 
La abogada Karina Reyes Gálvez asumió este lunes 12 de enero como nueva Defensora Regional de Antofagasta, tras adjudicarse el primer lugar en el concurso público desarrollado por la Defensoría Nacional.
Reyes Gálvez es abogada titulada por la Universidad Central de Chile y cuenta con un Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, aprobado con distinción, en la misma casa de estudios.
Su formación académica se complementa con una amplia y permanente capacitación en materias como litigación penal, responsabilidad penal adolescente, derecho penitenciario, derechos humanos, género, migración y liderazgo institucional.
Trayectoria
La nueva autoridad regional posee una amplia trayectoria dentro de la Defensoría Penal Pública, institución en la que ha desempeñado diversos cargos de alta responsabilidad. Desde marzo de 2019 a la fecha se desempeñó como Jefa de Estudios de la Región de Tarapacá, rol desde el cual lideró procesos estratégicos vinculados al fortalecimiento técnico de la defensa, el aseguramiento de estándares de calidad y la supervisión del trabajo jurídico regional.
Previamente, ejerció como Jefa de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente Metropolitana Norte, además de desempeñarse por más de una década como Defensora Penal Pública especializada, tanto en defensa adolescente como de adultos, en la Región Metropolitana. Esta experiencia le ha permitido adquirir un profundo conocimiento del sistema de justicia penal, así como de las realidades territoriales y sociales que enfrentan las personas usuarias de la institución.
Uno de los aspectos más destacados de su perfil profesional es su amplia experiencia en Derechos Humanos, área en la que ha desarrollado múltiples instancias de formación y actualización, incorporando estándares internacionales, enfoque de género y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Este sello ha sido especialmente valorado en el contexto de los desafíos actuales que enfrenta la defensa penal, particularmente en materias como migración, violencia institucional y privación de libertad.
Leonardo Silva Martínez