Por Redacción 
Un grupo de ex académicos y profesionales de la Universidad Católica del Norte (UCN) denunció un malestar sostenido al interior de la casa de estudios, marcado por despidos, renuncias, precarización laboral y un creciente número de denuncias por acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales, amparadas en la Ley Karin (21.643). Según lo expuesto, entre 2024 y 2025 se han ingresado 49 demandas visibles en contra de la universidad, la mayoría de carácter laboral.
Las críticas se dan en un contexto financiero complejo. De acuerdo a los Estados Financieros Separados de la propia institución, al 31 de diciembre de 2024 la UCN registraba una deuda de largo plazo superior a los $8.760 millones, además de proyectar un gasto de $1.091 millones en juicios, principalmente laborales.
Los firmantes sostienen que esta situación contrasta con una política interna de “austeridad” que ha impactado directamente en trabajadores y estudiantes, incluyendo despidos masivos en los campus de Antofagasta y Coquimbo, congelamiento de contrataciones, carencias en condiciones básicas de trabajo y sobrecarga laboral para académicos y profesionales.
Entre quienes suscriben la declaración se encuentran Martín Arias Loyola, ex académico y ex dirigente sindical de la UCN; Elena Martínez Rojas, demandante por despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales; Luis Pereira Chávez, ex académico de la Facultad de Ciencias del Mar; y Constanza Yáñez-Duamante, comunicadora social y doctora en Ciencias Humanas, quien mantiene una demanda por vulneración de derechos fundamentales y fuero maternal.
Todos coinciden en advertir prácticas de larga data que afectarían el clima organizacional, incluyendo denuncias por acoso laboral y decisiones que habrían derivado en problemas de salud física y mental para las personas involucradas.
El documento también cuestiona la gestión institucional frente a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, especialmente en el caso de mujeres trabajadoras, madres y personas cuidadoras, así como la coherencia entre los valores católicos que declara la universidad y las prácticas denunciadas. A ello se suma la afectación de proyectos académicos y comunitarios en ejecución, algunos con impacto en el desarrollo del borde costero y en convenios internacionales.
Según los firmantes, este escenario ha tenido efectos directos en la vida estudiantil, expresados en paros, tomas y movilizaciones, así como en un aumento de la deserción. Finalmente, plantean que la crisis interna de la UCN trasciende a su comunidad universitaria y tiene implicancias regionales y nacionales, llamando a revisar el modelo de gobernanza y las decisiones adoptadas por la rectoría.
Diario Regionalista intentó obtener una versión oficial por parte de la Universidad Católica del Norte sobre estas denuncias, pero hasta el cierre de esta publicación no había respuesta.
