Por Valeria Ríos Guerrero 
Este 10 de diciembre se cumplen siete años de la publicación de la Ley de Identidad de Género (21.120), normativa que permitió por primera vez que personas trans y mayores de 14 años pudieran solicitar el cambio de nombre y sexo registral. Desde su entrada en vigencia, 12.669 personas han accedido a esta modificación en Chile.
De acuerdo a cifras compartidas por el Movilh, 8.180 hombres trans (64,6 %), 4.447 mujeres trans (35,1 %) y 42 personas con género X (0,3 %) han logrado modificar su documentación en estos siete años. Por edad, 11.470 son adultos (90,5 %) y 1.199 corresponden a niños, niñas y adolescentes (9,5 %), cifra que confirma que las infancias y adolescencias trans existen y que, aún cuando muchas acceden al cambio registral más tarde, la sola posibilidad de hacerlo abre un camino de reconocimiento y dignidad que antes no existía.
Para las identidades no binarias y quienes buscan cambiar su documentación con el sexo “X”, el camino sigue siendo engorroso y deben recurrir a procesos judiciales complejos para acceder al reconocimiento legal de su identidad. “Tienen que poner una demanda al Estado para que les cambien la identidad en tribunales, como lo hacíamos las mujeres trans antiguas. El Estado nos mandaba al médico legista, nos revisaban. Es algo engorroso y muy vergonzoso”, comentó la presidenta de la Fundación Arcoíris Trans Liberacción Acción, Makarena Salles.
Además, destacó los avances logrados, pero subrayó un vacío histórico, ya que pese a que Fonasa incorporó un documento para facilitar el acceso a bonos de salud con identidad X, la falta de armonización con el Registro Civil sigue generando vulneraciones: “El problema es que el carnet es el que manda. Si no tienes la X en el carnet, pasas a ser hombre o mujer para el sistema público”, comentó Makarena. Esto incluye a hospitales, donde la atención continúa organizada exclusivamente en categorías binarias.
Consultada sobre el escenario político nacional, Salles expresó preocupación frente a posibles retrocesos en derechos adquiridos: “Tenemos miedo al retroceso, miedo al retroceso de un narcisista nazi como es Kast, que pueda quitar derechos que hemos conseguido durante tantos años”, advirtió.
La dirigenta comparó la normativa chilena con la realidad de otros países latinoamericanos como Bolivia, donde los derechos asociados al cambio de nombre son más restrictivos. “En Bolivia pueden cambiar el nombre, pero no casarse, no adoptar, no acceder a cargos políticos. Nuestra ley es más robusta, pero falta”, comentó Salles.
También alertó sobre las barreras que enfrentan familias con niños trans menores de 14 años, quienes dependen de Tribunales de Familia: “Hay mamás separadas cuyos hijos no pueden cambiar su nombre, porque el papá está ausente o en policonsumo, no lo encuentran. Entonces las mamás no saben cómo hacerlo para que sus niños no vivan vulneraciones en el colegio, como lo pasan la mayoría de las personas trans”.
La Ley de Identidad de Género garantiza principios como la dignidad en el trato, la prohibición de discriminación, la confidencialidad de datos, y reconoce la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, activistas coinciden en que el marco actual no es suficiente para garantizar la igualdad de derechos.
“Es un logro, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir robusteciendo la ley de identidad de género y atesorando lo que conseguimos durante estos gobiernos”, finalizó Makarena.
A siete años de la ley, las cifras confirman que miles de personas han utilizado la herramienta para vivir con mayor coherencia entre su identidad y su documentación. Pero las brechas, especialmente para personas no binarias, menores de 14 años y quienes se enfrentan a sistemas de salud y educación binarios, revelan que el camino hacia el reconocimiento pleno sigue en disputa.
Redacción