Por Valeria Ríos Guerrero 
La semana pasada, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) manifestó su preocupación por la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), advirtiendo que la medida podría “afectar la inversión, el empleo y la actividad productiva en regiones”. Sin embargo, desde el propio Ministerio del Medio Ambiente desmienten que la normativa implique restricciones o paralización de proyectos productivos.
En un comunicado, los gremios afirmaron que “si la implementación del SBAP no se ejecuta de manera responsable, equilibrada y promoviendo la compatibilidad entre la protección del medio ambiente y el fomento productivo, esta podría afectar la inversión, el empleo y la actividad productiva en regiones”.
La declaración hace referencia al listado de 99 Sitios Prioritarios para la Conservación, que abarca cerca del 5% del territorio nacional, elaborado sin que se conozcan, según los gremios, los “criterios técnicos ni validaciones científicas” del proceso.
“Nos preocupa la falta de participación de vecinos, propietarios, municipalidades, gremios y proyectos productivos. Si bien existe una instancia de consulta pública, esta no incluyó la etapa de selección de los 99 sitios prioritarios”, afirmó la SOFOFA.
La red también sostuvo que “esto no se resuelve simplemente ampliando los plazos de consulta, sino construyendo la determinación de los Sitios Prioritarios sobre una base científica sólida”, insistiendo en que el desafío “no es elegir entre desarrollo o conservación, sino hacer bien las cosas”.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, el subsecretario Maximiliano Proaño respondió a las críticas, asegurando que el proceso tiene sustento técnico y no afecta la continuidad de las actividades productivas.“Los sitios prioritarios no son áreas protegidas y, por lo tanto, no tienen muchas de las limitaciones asociadas a ellas. Lo que estamos haciendo ahora es ordenar un proceso que ya existía”, explicó en conversación con Minería Chilena.
El Ministerio de Medio Ambiente detalló que la selección se basó en criterios científicos de representatividad, integridad ecológica y conectividad, considerando además su potencial para funcionar como corredores de biodiversidad y añadió que “la ley no genera ninguna limitación a las actividades productivas que cuenten con resolución de calificación ambiental o que cumplan con la legislación vigente”.
El SBAP, aprobado en 2023 tras más de una década de tramitación, busca fortalecer la protección de ecosistemas amenazados y crear una institucionalidad que permita fiscalizar, conservar y restaurar la biodiversidad del país. Su implementación cobra especial relevancia en regiones como Antofagasta, donde la expansión minera y portuaria continúa presionando los límites ambientales.
A pesar del discurso gremial, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y empresas afiliadas a SOFOFA han respaldado históricamente proyectos de alto impacto ambiental, como Dominga, además de faenas mineras, termoeléctricas y actividades extractivas altamente contaminantes.
De hecho, el propio presidente de la AIA, Marko Razmilic, ha defendido en el pasado la necesidad de “despejar el camino de la permisología”, abogando por un “fast track” para inversiones, incluso cuando estas enfrentan cuestionamientos por daño ambiental.
Mientras los gremios piden “certeza jurídica” y “equilibrio productivo”, la discusión parece revelar una tensión más profunda: el modelo de desarrollo que defienden grandes conglomerados industriales frente a la urgencia ecológica del país.
Redacción 
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