Por Valeria Ríos Guerrero 
Gendarmería habilitará cuatro recintos penitenciarios en la región de Antofagasta: el Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Calama, el Complejo Penitenciario de Antofagasta y el Centro Penitenciario Femenino. Según la institución, 253 personas podrán sufragar, de las cuales 157 son internos y 96 funcionarios.
La actual Constitución suspende el derecho a sufragio de quienes cumplen penas superiores a tres años y un día. La Corte Suprema ha acogido tres recursos de protección (en 2016, 2017 y 2021) ordenando al Servel y a Gendarmería garantizar el derecho a voto de quienes lo mantienen vigente, pese a esto las resoluciones no se han cumplido plenamente.
Quienes se encuentran en prisión preventiva figuran entre los más afectados, ya que su domicilio electoral puede cambiar durante el proceso penal en caso de obtener un beneficio, recuperar la libertad o finalizar su reclusión.
El plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 marcó un precedente para el país: por primera vez, la población penal participó en un proceso electoral. En esa ocasión, 770 personas privadas de libertad votaron en 14 establecimientos penitenciarios, de un total de 1.029 habilitados para sufragar.
Organizaciones de la sociedad civil como Plataforma Telar y la Red de Acción Carcelaria han propuesto alternativas de participación, como el voto postal, electrónico o presencial dentro de los recintos penitenciarios, aunque hasta ahora no han recibido respuesta institucional.
Diversos diagnósticos, incluido el de la Red de Acción Carcelaria, advierten que la exclusión no solo vulnera derechos fundamentales, sino que además perpetúa ciclos de marginación social. Negar la participación en los procesos democráticos, explican las especialistas, aumenta la distancia entre las personas privadas de libertad y la sociedad, afectando sus procesos de reinserción.
En Chile, el 86% de la población penal no completó su educación escolar, el 74% reconoce haber tenido problemas de consumo de drogas, y casi la mitad cometió su primer delito antes de los 14 años, según datos de Paz Ciudadana.
El proceso electoral de 2025 permitirá que un pequeño grupo de personas privadas de libertad en el norte del país participe nuevamente en la vida democrática.
Redacción 
Redacción