Por Valeria Ríos Guerrero 
Luego que el Presidente Gabriel Boric anunciara durante su Cuenta Pública 2025, que el Ministerio de Justicia transformará la cárcel de Punta Peuco en un centro penitenciario común, la última encuesta Cadem reveló que 69% de las y los chilenos está de acuerdo con esta decisión del Gobierno. El recinto pasará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, medida que busca terminar con el trato diferenciado hacia los ex uniformados condenados.
La encuesta Cadem reveló que el 63% considera que los militares condenados por violaciones a los derechos humanos no deberían acceder a beneficios carcelarios, incluso si son de edad avanzada o padecen enfermedades graves. Solo un 34% está de acuerdo en que puedan cumplir sus condenas en sus casas.
El anuncio del cierre de Punta Peuco llega en un escenario político agitado, luego que en el debate presidencial de Anatel, previo a las elecciones, candidatos de ultraderecha como Johannes Kayser se pronunciaran a favor de permitir las condenas en sus casas, a reclusos de la tercera edad o con enfermedades terminales.
Mónica Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Antofagasta, valoró la iniciativa del presidente y los avances del Plan Nacional de Búsqueda presentado durante la última cuenta pública. Además, lamentó las declaraciones de Johannes Kayser durante el debate de este lunes 10 de noviembre y afirmó qué “se ha instalado una imagen de que son unos abuelitos, pero si tienen más de 100 años de condena es por algo”.
El actual régimen penitenciario especial, casi por tres décadas albergó a militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. El nuevo Centro Penitenciario Tiltil, se encuentra en construcción para recibir población penal desde comienzos del próximo año.
En ese contexto, la abogada Carla Fernández Montero interpuso un recurso de protección en favor de 141 internos del penal de Punta Peuco, quienes alegaban vulneración de derechos por parte de Gendarmería de Chile, para frenar la construcción de un muro divisorio en el patio común del recinto, espacio de visitas y de socialización. La medida se enmarca en la transformación del penal en cárcel común, dispuesta por decreto presidencial. Sin embargo esta mañana fue rechazado por la Corte Suprema.
Entre las adecuaciones consideradas destacan la ampliación de 32 nuevas plazas a las 112 existentes, la construcción de un galpón para visitas y mejoras en infraestructura, cuya finalización está programada para febrero de 2026. Una vez concluidas las obras, Gendarmería de Chile iniciará el traslado y redistribución de los internos conforme a criterios institucionales.
Organismos de derechos humanos han valorado la medida como “un avance en justicia y memoria”, aunque advierten que aún persisten deudas en materia de reparación integral y búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
Redacción 
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