Pobladores del campamento donde hallaron búnker piden que solo se demuelan casas vinculadas a delitos

Los habitantes del Campamento “Mujeres Cabeza de Familia”, en el sector norte de Antofagasta, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de un desalojo luego que la Fiscalía descubriera un búnker en el sector, relacionado con un caso de secuestro y asociación criminal que involucró a seis ciudadanos de diversas nacionalidades.

Según informó la Fiscalía Regional de Antofagasta, los imputados habrían participado en el secuestro agravado de una víctima colombiana, quien sufrió múltiples lesiones, incluidas quemaduras y la pérdida parcial de una oreja, mientras permanecía retenida en un inmueble del campamento. Tras la investigación, Carabineros realizó allanamientos en varias viviendas, recuperando evidencia y constatando la existencia de construcciones sólidas tipo búnker, presuntamente utilizadas para almacenamiento de drogas.

Liliana Moreno, pobladora del campamento, señaló que los vecinos proponen una serie de medidas para mejorar la seguridad del sector. “Que las personas que están allí no vuelvan a ser admitidas, pues que ellas no puedan volver a ingresar al campamento”, planteó. Cabe recordar que actualmente los imputados se encuentran en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación, tras ser formalizados por los delitos de asociación criminal y secuestro agravado.

La vecina agregó que “la idea es que puedan demoler solamente las cuatro casas que tienen la problemática”. Moreno destacó además que los pobladores realizan actividades comunitarias con los niños, deportivas y religiosas, y que buscan mantener la seguridad del sector.

“Sentimos que nos han estigmatizado mucho, de parte precisamente de las autoridades, porque el señor alcalde dijo que nosotros ahí no dejamos entrar carabineros y carabineros ha entrado las veces que sean necesarias, porque nosotros no obstaculizamos la entrada de ellos”, relató Liliana.

El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de investigación de 90 días para esclarecer la posible participación de los imputados en otros hechos delictivos y determinar medidas definitivas sobre las viviendas involucradas.