Por Valeria Ríos Guerrero 
Este martes 4 de noviembre se llevará a cabo la primera Audiencia de Conciliación y Prueba en el marco de la demanda ciudadana presentada contra el Estado de Chile por el daño ambiental y el abandono histórico que, según los vecinos, ha afectado por décadas a la comuna de Calama.
La acción judicial, impulsada por 20 organizaciones sociales, busca establecer la responsabilidad del Estado por la exposición prolongada de la población a material particulado respirable (MP10), luego de que en 2009 Calama fuera declarada zona saturada por contaminación atmosférica mediante el Decreto Supremo N°57 del Ministerio del Medio Ambiente.
Según explicó Sergio Chamorro, abogado y vocero de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile, “la población de Calama ha soportado, por más de una década, una exposición permanente a material particulado grueso, respirando polvo y alimentándose, literalmente, de la tierra”. Chamorro agrega que el cáncer se ha convertido en la principal causa de muerte en la comuna, mientras que los centros de salud enfrentan un colapso sostenido ante el aumento de enfermedades físicas y mentales.
El dirigente detalló que este daño ambiental “se encarna en la respiración cotidiana, en los patios cubiertos de polvo y en la piel reseca de quienes habitan esta tierra”, y que las autoridades no han respondido de manera oportuna, pese a los reiterados llamados de la comunidad.
El Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Calama, aún sin implementarse, identifica a Codelco como responsable de gran parte de las emisiones de material particulado en la zona, provenientes principalmente de las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y el tranque Talabre. Entre las medidas incluidas están el control de polvo en caminos, la pavimentación de vías, la fiscalización de faenas mineras y la creación de un Banco de Compensación de Emisiones.
Sin embargo, los vecinos sostienen que las políticas públicas han sido tardías e insuficientes. “Esta audiencia no es un espacio para transar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. La ciudadanía no va a conciliar lo inconciliable”, enfatizó Chamorro, quien señaló que se han presentado más de 250 documentos probatorios y 13 testigos que acreditan la situación de riesgo sanitario y ambiental en la zona.
La demanda, interpuesta ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, busca que el Estado sea condenado y se establezcan medidas concretas de reparación ambiental. Entre los objetivos se encuentra la restauración de la calidad del aire, la recuperación de los ecosistemas degradados y el fortalecimiento de la vigilancia ambiental.
Finalmente, Chamorro hizo un llamado a la unidad territorial: “Esta causa es por justicia socioambiental. Nos hemos cansado de ver cómo otros territorios prosperan mientras el nuestro enferma. Exigimos que la riqueza generada en estas tierras no siga edificándose sobre el sacrificio y la enfermedad del pueblo loíno”.
La audiencia, considerada un hito histórico en la lucha por la justicia ambiental en el norte de Chile, marcará el inicio formal de un proceso judicial que podría sentar un precedente en materia de responsabilidad estatal por daño ambiental prolongado.
Redacción