Convivencia escolar y participación: ¿Concurren e inciden los docentes de Antofagasta en sus políticas y programas?

“La escuela es un reflejo de la sociedad en la que se inserta”. Bajo esa premisa, es curioso como a veces los problemas sobre violencia escolar se abordan como si las agresiones (ya sean físicas o verbales) se generaran en la escuela ¿Puede la escuela en su interior dar solución a fenómenos que se originan fuera de sus fronteras? Esta pregunta y sus respuestas son relevantes, porque muchas de las expectativas individuales y colectivas del presente están puestas sobre la educación: de hecho, el sistema escolar recibe muchas intervenciones de otros servicios públicos y además de organizaciones privadas, por lo que hay una serie de exigencias en el cumplimiento de metas asociadas a políticas y programas que se desarrollan en los establecimientos educacionales.

A nivel de políticas educativas, la convivencia y la participación son aspectos que están unidos tanto en gestión escolar como en evaluación de los aprendizajes: los estudiantes son consultados por la Agencia de Calidad de la Educación sobre la convivencia y participación, mientras que los mismos tópicos forman parte de los estándares indicativos de desempeño y del marco para la buena dirección y liderazgo escolar, que son herramientas que contienen principios y líneas de acción para la gestión de las escuelas. Generalmente la participación escolar se limita a aspectos consultivos, pero cuando se potencia a un ámbito resolutivo, se puede lograr un sentido de pertenencia y compromiso con el proyecto educativo del colegio.

A modo de situar este debate en nuestro territorio, durante el mes de junio se dio a conocer la aprobación en el Consejo Regional de Antofagasta por más de 1250 millones de un programa piloto elaborado por el Gobierno Regional y la SEREMI de Educación, llamado “Primera acogida e intervención breve para equipos educativos de establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado”, que busca aportar en el tratamiento de afectaciones a la salud mental de trabajadores de la educación ante hechos de violencia escolar, poniendo a disposición trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras para los diferentes etapas de intervención y del nivel de riesgo, además de generar redes e intersector.

Al informarme de su contenido, lo que más me llamó la atención fue el hecho de que el principal indicador de evaluación del programa es el porcentaje de reducción de denuncias de violencia escolar ¿Puede una iniciativa que no es de carácter preventivo disminuir el número de denuncias? Supongamos que un docente es acogido y tratado por el programa, y de igual manera realiza una denuncia en la Superintendencia de Educación y la respectiva denuncia individual por enfermedad profesional en la mutualidad que le corresponde. ¿El programa sería evaluado negativamente si todos los trabajadores acogidos denuncian el hecho de violencia que les afectó su salud mental, dado que el indicador de éxito es la reducción de las denuncias?

Entendiendo que la perspectiva de esta iniciativa es asistencial, y valorando todos los aportes que vayan en la línea cuidar la salud de los trabajadores de la educación, es importante recordar que dentro de la pedagogía la evaluación es un proceso consustancial al proceso educativo, y va desde el aula hasta las políticas públicas y normativas de carácter nacional. Como anécdota, hace un tiempo atrás en redes sociales me apareció una actividad en la Universidad Católica del Norte sobre desafíos para el sistema educativo y la formación inicial docente en el área de educación inclusiva: las tres personas que exponían eran psicólogos. ¿Sería aceptable socialmente una actividad similar para la formación inicial en derecho desarrollada por ingenieros? Es cierto que la pedagogía se nutre de distintas disciplinas, y así se da en general en todo el conocimiento, pero el nivel de paternalismo de otras profesiones hacia la docencia es agobiante, a pesar que en educación los profesionales no docentes son asistentes de la educación.

Durante mucho tiempo y aún en el presente no existen muchos incentivos a realizar denuncias responsables. Para explicarlo de manera más sencilla, por mucho tiempo se naturalizó el no defender los derechos que la propia ley entrega a las personas, sobre todo a nivel laboral, tanto a nivel individual como colectivo. Flagelos como el acoso sexual, el maltrato y el acoso laboral son problemas cotidianos en los centros de trabajo. A nivel escolar, la violencia no solamente se da entre estudiantes, en particular la física, o de estudiantes hacia trabajadores, sino también entre los propios docentes y asistentes de la educación. Probablemente, la terapia o las licencias psiquiátricas no abordan el origen de la violencia de parte de los estudiantes, que es externa a la escuela, pero existen otro tipo de violencias que sí pueden ser diagnosticadas y gestionadas, y ello pasa no solamente por mejorar la formación continúa de profesores, sino asegurar de parte de los equipos directivos competencias para la creación de ambientes laborales sanos, sin estigmatización ni persecución de ideas, para así enseñar y colaborar con los aprendizajes con tranquilidad.

Los programas focalizados deben incorporar la mirada pedagógica, contextualizando su labor en el proyecto educativo de la escuela, las políticas educativas de convivencia y una mirada psicosocial dialogante con la educación. A su vez, se debe fortalecer todo el sistema que asegura la protección de los derechos laborales: en particular la Dirección del Trabajo y las mutualidades, siendo estas últimas el aspecto más crítico, ya que no solamente tienden a favorecer a los empleadores, sino que tienen un rol mínimo en asegurar la mitigación de los riesgos psicosociales, por lo que instrumentos como la encuesta ISTAS-21 o el actual CEAL-SM son procesos que no se fiscalizan y que su incumplimiento no genera ninguna consecuencia.