Una propuesta de ordenanza municipal que plantea revisar saldos con los que cuenta el Municipio de Antofagasta y focalizarlos en el área de educación municipal y salud mental en las comunidades educativas, fue presentada por la concejala y médico del Hospital Regional de Antofagasta, Natalia Sánchez. Lo anterior, en el marco de la crisis y paralización actual que se vive en la capital regional.
“Dichos recursos deberán disponerse como primera prioridad para la contratación de personal docente y profesionales psicosociales”, se detalla en el documento, entre otros aspectos.
Cabe recordar que la paralización del gremio docente ya cursa su cuarta semana y aún no se presentan soluciones concretas para los principales puntos del petitorio expuesto por las bases de profesores y trabajadores. Además de la elaboración y aplicación inmediata de protocolos en los establecimientos educacionales, un punto que se repite en los distintos petitorios de escuelas y liceos es la necesidad urgente de destinar recursos para el área psicosocial, avanzando así en entregar una salud mental para las y los integrantes de las comunidades educativas.
En esta línea, la concejala y médico del Hospital Regional de Antofagasta, Natalia Sánchez, hará entrega de una propuesta de ordenanza municipal que propone la inyección de recursos de emergencia para la educación municipal y el área de salud mental.
“El año 2023 se dieron a conocer, por distintos medios de prensa, las donaciones que recibe la municipalidad por parte de empresas litíferas, como SQM y Albemarle, por $11 mil millones. Algunos de estos recursos estaban destinados a plazas que no se construyeron. Hay que revisar inmediatamente todas las partidas financieras para dar con estos recursos y focalizarlos. Desde el 2022 diversos deudores de patentes comerciales presentan acciones de prescripción contra la municipalidad. Revisando lo prescrito por los grandes deudores de patentes (más de 10 millones), se puede obtener una cifra de casi $2 mil millones”, plantea el documento presentado por Sánchez.
La propuesta de ordenanza establece que “dichos recursos deberán disponerse como primera prioridad para la contratación de personal docente y profesionales psicosociales”. Esto, en el marco de la profunda crisis de salud mental que se vive al interior de los establecimientos educacionales y la preocupante falta de profesionales para poder atender a docentes, trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados.
Según indican desde el gremio docente, las y los profesionales psicosociales actuales están dedicados a tomar casos relacionados al Programa de Integración Escolar (PIE) o vinculados a la vulneración de derechos fundamentales (equipos psicosociales); sin embargo, no existen profesionales que estén focalizados en el conjunto de la comunidad educativa. Es decir, los establecimientos educacionales no cuentan con “equipos de salud mental”, lo que impide poder avanzar en responder a problemas de convivencia escolar, entre pares o complejas situaciones que pudiesen atravesar integrantes de las comunidades.
Por estas razones, la concejala Sánchez, en su documento, propone no solo revisar partidas presupuestarias para focalizar recursos, sino también “consultas y mesas de trabajo con actores de la comunidad educativa, de carácter vinculante, de manera de recoger sus principales reclamos para hacerlos parte de un plan de emergencia para la ejecución de estos recursos. La conformación de esta mesa será prioritaria y de carácter urgente”.
Además, el documento plantea que “la municipalidad deberá poner en marcha un plan para la construcción de establecimientos municipales de manera de responder al déficit de matrículas (…) Deberán identificarse recursos inmediatos para ampliar el plan de mejora de infraestructura, revisando los contratos por ejecutar y tomando el catastro de falencias presentado por el gremio docente”.
De esta manera, y como forma de poner en diálogo todos estos elementos, la concejala Sánchez propone “una mesa de trabajo abierta a la comunidad, de carácter vinculante, para revisar vías de obtención de fondos y estudiar posibilidades como las descritas”.
El documento cierra planteando que “cada comunidad escolar, de cada establecimiento, deberá elaborar y sancionar un reglamento y protocolos para casos de acoso o violencia (…) La elección de las autoridades educativas residirá en las propias comunidades”.
La propuesta de ordenanza municipal planteada por la profesional de la salud, sitúa al alcalde Jonathan Velásquez como un responsable directo de la crisis actual y el estado de los establecimientos educacionales, considerando, además, que el edil ha recortado el presupuesto municipal destinado a educación en más de una ocasión, siendo rebajado el financiamiento en los PADEM.
Por otro lado, se basa en lo establecido por el PLADECO 2024, en el cual se propone “la mejora del rendimiento escolar, la inclusión, la convivencia escolar y la salud mental, fortalecer la inclusión, la convivencia escolar y la salud mental en la comunidad, mejorar y mantener adecuadamente las condiciones de infraestructura y equipamiento en los establecimientos educacionales públicos”.
Valeria Ríos Guerrero