En la República de Roma, ya existía la necesidad de los impuestos, como el «Tributum in capita», basado en el censo de los ciudadanos. Esta práctica permitía estimar su fortuna y establecer una cuota a pagar en función de su riqueza. En la actualidad, los impuestos también son esenciales para financiar los servicios públicos y el desarrollo del país. Aunque los sistemas fiscales han evolucionado, la idea de contribuir según la capacidad económica sigue siendo relevante para mantener el bienestar y la igualdad en la sociedad.
En los últimos días, nuestro país ha dado un paso importante en el camino de la política
chilena con el anuncio del Pacto Fiscal propuesto por el Presidente Gabriel Boric. Este acuerdo, compuesto por seis ejes fundamentales, busca establecer una visión clara y ambiciosa para enfrentar los desafíos con determinación y responsabilidad.
Uno de los ejes más significativos es la modernización del sistema tributario en Chile. Según datos proporcionados por el gobierno, se estima que un 0.5% del PIB será el costo fiscal para incentivos tributarios a la inversión, la productividad, la formalización, beneficios para la clase media y el nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño. Estas medidas representan un cambio significativo en la política tributaria, buscando mayor
equidad y justicia social.
Además, se ha puesto un claro énfasis en priorizar el gasto en beneficio de la gente. Un
ejemplo es el aumento de las pensiones para los adultos mayores con la reforma previsional, elevando la PGU a $250.000 mensuales, lo que beneficiará a cientos de
adultos mayores en el país. Asimismo, se destinará una inversión de US$ 1.500 millones en seguridad ciudadana para reducir significativamente los índices de delincuencia y mejorar la calidad de vida del pueblo chileno.
El fortalecimiento de la administración tributaria y la reforma del impuesto a la renta también son parte crucial del Pacto Fiscal. Con medidas que buscan mejorar la eficiencia de la fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como una reforma de la tributación a la renta para elevar el aporte de las personas de mayores ingresos. Se prevé que estas iniciativas representen un aumento en la recaudación tributaria de un 1.5% del PIB.
Otro enfoque relevante del pacto es el impulso al crecimiento económico mediante la inversión, productividad y formalización de la economía. Con estas 38 iniciativas propuestas por el gobierno para reducir la informalidad, se espera impulsar el crecimiento del PIB y mejorar los índices de calidad de vida.
Además, se busca avanzar en reformas que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y la
calidad en la entrega de servicios por parte del Estado, con un enfoque en mejorar la
gestión pública y obtener ahorros fiscales de manera responsable. Un aspecto relevante
que merece ser destacado por la histórica deficiencia en estos mecanismos hasta el día de hoy.
También se incluye un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los compromisos asumidos. Esto garantizará la implementación oportuna y efectiva de las medidas propuestas, con la participación de una Comisión de Seguimiento y la evaluación
independiente a cargo del Consejo Nacional para la Evaluación y la Productividad, y un
organismo internacional para evaluar el impacto económico, fiscal y social del acuerdo. El Pacto Fiscal representa una oportunidad única para avanzar hacia un futuro próspero y
justo para Chile.
Las políticas presentadas son la viva imagen de lo que como Frente Amplio perseguimos en las transformaciones sociopolíticas que mantenemos como tarea de gobierno. Sin embargo, será crucial que todos los actores políticos involucrados trabajen juntos para asegurar el éxito de estas medidas y construir una amplío acuerdo que concatene las ideas del Chile
qué queremos.
Redacción