Un nueva arista relacionada con el manejo de recursos públicos complica al alcalde de Calama, Daniel Agusto (RN), luego que un reciente informe de Contraloría revelara una serie de irregularidades en la ejecución del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), recursos que son administrados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de la comuna, dependiente del municipio y presidida por el edil.
Se trata del Informe N° 176/2019, de fecha 7 de junio del presente, en donde se advierte la presencia de gastos improcedentes ejecutados con recursos del FAEP 2017 por un monto de $13.000.000, los que fueron utilizados en la realización de la producción y espectáculo de la agrupación Bafochi, en el marco del aniversario N° 139 de la comuna. Dicho gasto no se ajusta a la normativa establecida por el Ministerio de Educación.
También se comprobó la falta de acreditación de un monto de $247.000.000, puesto que tales gastos solo fueron acreditados mediante fotografías y visaciones de establecimientos educacionales, «sin aportar documentos que den cuenta del pago de los servicios contratados o bienes adquiridos».
Asimismo, se detectó que la Seremía de Educación de la región de Antofagasta no había efectuado la revisión de los gastos realizados y rendidos por la Comdes en los plazos establecidos. Por este motivo, Contraloría exigió a la Secretaría Regional Ministerial de Educación proceder a la revisión de los gastos en cuestión. Asimismo, se enviará copia del informe a la Superintendencia de Educación para que realice una completa fiscalización.
Sumado a lo anterior, Contraloría detectó que la boleta de garantía de los fondos FAEP 2016, ejecutados el 2017, se encontraba vencida, por lo que ordenó a la Seremi de Educación el inicio de un sumario, al tiempo que requirió que la Comdes regularice el documento.
Finalmente, se constató «la falta de supervisión y control por parte de la Comdes sobre aspectos de control interno, tales como carencia de una revisión exhaustiva de los expedientes de rendición de cuentas, con la finalidad de minimizar el riesgo de que estas presenten documentación que no sustenta la totalidad de los gastos, y por ende que se aprueben desembolsos improcedentes o no acreditados».
Cabe recordar que este informe surge tras la denuncia presentada por la concejala Dinka López, quien advirtió en su presentación que se estaban utilizando recursos del FAEP para actividades municipales ajenas al ámbito educativo.
Este caso se suma al llamado Comdes-Gate, referido a la compra de de un inmueble a principios de 2018, por un monto de 190 millones de pesos que desembolsó la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) de Calama, para la construcción de una clínica dental. Los cuestionamientos surgen al confirmarse que el terreno en cuestión era de propiedad de una sociedad hereditaria en la que tiene participación la prima hermana del alcalde Daniel Agusto, Jubitza Tapia Pérez, quien por entonces se desempeñaba como jefa de finanzas de la corporación y de la que hoy es su directora ejecutiva.
Según se informó por entonces, para estos efectos se habrían ocupado recursos provenientes de un convenio con el Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Conocidos estos hechos, los concejales Dinka López, Carolina Latorre y José Mardones formularon una denuncia en la Contraloría General de la República. Finalmente, el órgano contralor envió los antecedentes a la fiscalía local, pues advirtió “un potencial conflicto de interés en el proceso de compra del terreno en estudio, situación que podría revestir caracteres de delito”.
Hasta el cierre de esta nota, desde el municipio de Calama no ha habido pronunciamientos oficiales sobre el último informe de Contraloría referido al uso de los fondos FAEP.
Ver nota: Comdes-Gate: La compra de una propiedad que complica al alcalde de Calama
Valeria Ríos Guerrero