190 millones de pesos desembolsó la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) de Calama, cuyo directorio preside el alcalde Daniel Agusto Pérez, por la compra de un inmueble ubicado en la Villa Chica, operación que se concretó el 30 de enero del 2018. En el lugar, según informó la Municipalidad de Calama, se busca construir una clínica dental de atención primaria de salud. Sin embargo, a la fecha no hay indicios de su concreción, pero en cambio, se ha dado paso a lo que los calameños han denominado como el caso “Comdes-Gate”.
Lo anterior, porque el inmueble en cuestión era de propiedad de una sociedad hereditaria en la que tiene participación la prima hermana del alcalde Daniel Augusto, Jubitza Tapia Pérez, quien por entonces se desempeñaba como jefa de finanzas de la corporación y de la que hoy es su directora ejecutiva.
Según se informó por entonces, para estos efectos se habrían ocupado recursos provenientes de un convenio con el Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Conocidos estos hechos, los concejales Dinka López, Carolina Latorre y José Mardones enviaron los antecedentes a la Contraloría General de la República, por presuntas irregularidades en la gestión.
Con fecha 15 de abril del 2019, la Contraloría Regional de Antofagasta emitió el informe N° 1.000/2018, donde entrega los resultados de la investigación.
Cuando el informe se hizo público, el alcalde Daniel Agusto dijo estar tranquilo y tomó el documento como un triunfo para su administración, empleando duros términos contra las concejalas que se hicieron partícipes de la presentación a la Contraloría (lo que abrió una nueva polémica por entonces).
“Este es un fallo contundente, una resolución contundente, y queda absolutamente claro que la oposición y ciertas concejales, que están en una suerte de descontrol constante, en un estado de locura a veces, por perseguir, por buscar una serie de situaciones que no existen… quedó claro en ese informe que este alcalde no tiene ninguna inhabilidad, no tiene ningún inconveniente, desestimó todo lo que estas concejalas quisieron vincular, la situación de la compra de un terreno para una clínica” (…), señaló Augusto, el 3 de mayo pasado, en Calama Televisión.
No obstante, hay un dato sobre el que el jefe edilicio loíno no se pronunció y que tiene al oficialismo preocupado, monitoreando los hechos, y a la oposición en estado de alerta. Esto dice relación con que en el documento, el órgano contralor establece que se constató que los 190 millones con que se costeó la operación provenían de fondos “per cápita”, que traspasa el Ministerio de Salud a los municipios como aporte al plan de salud anual de los gobiernos locales. Aquello constituye una irregularidad, porque dichos recursos no pueden financiar costos que no estén contenidos en dicho plan, como ocurrió en este caso. Por esta razón, la Contraloría pidió al Servicio de salud que determinara por qué se hizo mal uso de esos fondos por parte de la Corporación Municipal, dándo un plazo de 60 días para pronunciarse.
Pero lo más grave es que la Contraloría derivó los antecedentes a la Fiscalía Local de Antofagasta, puesto que “se advirtió un potencial conflicto de interés en el proceso de compra de terreno en estudio, situación que podría revestir caracteres de delito”, según se señala en el informe de la investigación.
Consultada al respecto, la Consejera Regional por la provincia El Loa, Alejandra Oliden (UDI), afirmó que «el órgano Contralor fiscalizó y por ser un asunto con ribetes de presunto delito, lo derivó al Ministerio Público (Fiscal Regional), para que investigue y determine».
En su opinión, «políticamente, a lo menos, fue un asunto imprudente y desatinado, ya que implicó una polémica y duda en la opinión pública».
Por su parte, la Consejera Regional Sandra Pastenes (PS), también de la provincia El Loa, recalcó que «el dato duro es que la Contraloría mandó los antecedentes de la compra de terreno a la fiscalía por ‘potencial conflicto de interés’. Eso no lo dicen las ‘concejalas histéricas de oposición’ como él las llamó, esto lo dice la Contraloría».
«Que la situación vaya a la fiscalía, es porque el conflicto de interés que se da en el proceso, constituye delito. Por otra parte, los dineros para comprar el terreno provienen del per cápita, lo cual significa que se perjudica a los calameños que son usuarios y usuarias de la salud pública primaria, incluyendo niños y niñas que fueron colocados por el gobierno ‘primeros en la fila’. Si esto no es delito, es una falta moral grave», concluyó.
Fuentes consultadas por Regionalista.cl indican que el informe ya está en poder de la fiscalía regional, lo que podría abrir una arista de impensadas repercusiones para el edil calameño.
Nuestro medio solicitó la versión del municipio de Calama y de la Corporación Municipal (Comdes), pero hasta el cierre de este reportaje no había respuesta.
Paula Corina Hernández