Una vez más el Tribunal Constitucional (TC) pasa por sobre la democracia y por ocho votos contra dos, los ministros de la instancia optaron por acoger el requerimiento presentado por diputados y senadores de derecha (Chile Vamos) para que se declarara inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto en tres causales.

Quienes votaron a favor de esta decisión fueron los ministros Iván Aróstica, Domingo Hernández, María Luisa Brahm, Juan José Romero, Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez, Pía Silva y Miguel Ángel Fernández, mientras que Gonzalo García y Nelson Pozo fueron los únicos que votaron en contra.

En el documento, los diputados de derecha que solicitaron esta medida señalan que “ninguna ley puede disponer de las personas como un medio, forzándolas a enajenar sus propias convicciones a través de la imposición de determinadas conductas para satisfacer los deseos, apetencia o necesidades de otros».

Durante los alegatos en el Tribunal Constitucional -desarrollados la mañana de este jueves 6 de diciembre- el abogado Camilo Mirosevic, en representación de la Contraloría General de la República, cuestionó al gobierno y lo acusó de asumir una posición “cómoda” al no asistir a la sesión a defender la constitucionalidad de “su propio reglamento”.

Además, Mirosevic acusó una “maquinación” en vista de que los requirentes no están realmente impugnando el reglamento, sino el dictamen de Contraloría que estableció que las entidades privadas se suscriben convenios por DFL 36 (clínicas) y reciben fondos del estado no pueden optar a la objeción de conciencia y deben atender a las mujeres que optan por alguna de las tres causales de la ley de aborto. Además, cuestionó la competencia del tribunal para emitir opinión respecto del requerimiento oficialista y dijo que los parlamentarios debieron acudir a tribunales ordinarios.

Con esta resolución, que ha sido duramente criticada desde las organizaciones sociales y sectores de oposición, el gobierno de Piñera podría volver al texto original respecto al reglamento de objeción de conciencia, el cual había sido objetado a mitad de año por la Contraloría General de la República.

Esta resolución pone en entredicho una vez más el rol del Tribunal Constitucional (TC), un organismo creado en la dictadura de Pinochet y establecido en la Constitución y que en la práctica funciona como una tercera cámara (además de la cámara de diputados y el senado), impidiendo que se promulguen leyes que han sido aprobadas democráticamente en el congreso.

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