Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha expuesto la crítica situación de la concesión del Hospital Regional de Antofagasta (HRA), a cargo de la empresa Salud Siglo XXI (grupo Sacyr), validando las denuncias sobre la mala administración que ya habían sido advertidas por el Senador Esteban Velásquez y que coinciden con los hallazgos de este organismo.

El parlamentario señaló que esto “demuestra que la comunidad sigue sufriendo las consecuencias de un contrato de concesión que no cumple con los estándares mínimos exigidos. Con el gremio de salud, FENPRUSS nos reunimos a inicios de 2025 con la Ministra de Salud y recalcamos esta situación que ya veníamos advirtiendo, puesto que impacta gravemente en la salud de Antofagasta, por ejemplo, aumentando la lista de espera de atención de las vecinas y vecinos de la región”.

Fallas críticas y afectación a miles de pacientes

El informe N°483 revela que, entre el año 2023 y 2025, ocurrieron al menos 12 incidentes graves relacionados con fallas en el sistema de climatización, filtración de aguas servidas y cortes de suministro eléctrico.

“Estos eventos no solo comprometieron la infraestructura, sino que tuvieron un impacto humano devastador, afectando la atención de más de 3.800 pacientes y forzando la suspensión de cirugías y procedimientos ambulatorios”, sostuvo Velásquez.

Entre los hallazgos más alarmantes de la auditoría se destacan:

• Colapso del sistema de climatización: La capacidad instalada es insuficiente para la demanda del hospital, registrándose incumplimientos de temperatura, humedad y presión en «zonas muy críticas» como pabellones quirúrgicos, UCI y UTI, lo que pone en riesgo la seguridad clínica y el control de infecciones.
• Infraestructura en deterioro: Se detectó corrosión generalizada en cañerías, filtraciones constantes y falta de protección contra incendios en estructuras clave. Además, el 59% de los equipos fancoil del recinto se encontraban inoperativos al momento de la fiscalización.
• Pérdida de recursos públicos: La mala gestión derivó en la pérdida de más de 111.000 insumos médicos y medicamentos debido a inundaciones por aguas servidas y fugas de agua caliente, valorizados en más de $195 millones de pesos.

Impacto financiero y falta de control fiscal

La inoperatividad de los servicios concesionados generó que el hospital dejara de percibir ingresos estimados en $5.489 millones de pesos por prestaciones no ejecutadas. A esto se suma que el recinto debió asumir con recursos propios costos que correspondían a la concesionaria, como los servicios de arsenalería quirúrgica tras el colapso del sistema de climatización en 2023.

Contraloría también apuntó a la ineficiencia en la supervisión por parte de la Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP. Se constató que los inspectores fiscales designados entre 2020 y 2023 no cumplían con el perfil profesional exigido y que la aplicación de multas a la concesionaria, que suman 27.350 UTM, ha sufrido retrasos de más de 1.000 días.

“La Contraloría ha anunciado el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y ha dado un plazo de 60 días para que la Dirección General de Concesiones acredite medidas correctivas reales. Porque la situación actual del Hospital Regional de Antofagasta confirma que las advertencias que hicimos para poner término al contrato no fueron escuchadas a tiempo, dejando a los habitantes de la macrozona norte en una situación de vulnerabilidad sanitaria inaceptable”, concluyó Velásquez.

Estos argumentos se suman a explicaciones previas donde responsabilizó a la supuesta corrosión del agua por fallas en tuberías y cañerías. “Es importante considerar que el factor de la calidad del agua, y con ello, los efectos de la corrosión en las tuberías han afectado la infraestructura”, indicaron en mayo de 2025.

Sobre las fallas más recientes, en una primera declaración pública emitida hace pocos días, la empresa sostuvo que “la región de Antofagasta enfrenta actualmente un escenario excepcional de altas temperaturas, lo que ha impactado la sensación térmica en determinados sectores del hospital”, agregando que el aumento de pacientes ha generado “una presión adicional sobre las condiciones operativas del recinto”. Días después, insistió en la misma línea, sumando que la dotación de funcionarios “supera lo considerado en el proyecto original”.

Sin embargo, estas explicaciones contrastan con la gravedad de los hechos constatados por la Seremi de Salud, que detectó incumplimientos a la normativa sanitaria por temperaturas y humedad fuera de norma en gran parte del hospital, otorgando un plazo de 15 días para subsanar las deficiencias. A ello se suma que este es al menos el tercer verano consecutivo con problemas similares, lo que debilita la tesis de un fenómeno “excepcional” o imprevisto.

Desde Salud Siglo XXI aseguran que “desde el primer momento” activaron protocolos técnicos y que los trabajos de mantenimiento correctivo se iniciaron en febrero de 2025, ejecutándose incluso en fines de semana para no afectar la atención clínica. No obstante, las fallas han impactado directamente áreas críticas como farmacia y laboratorio, provocando retrasos en exámenes, riesgos en la conservación de medicamentos de alto costo y afectación directa a pacientes y funcionarios.

Este escenario ha reactivado con fuerza las críticas políticas. El gobernador regional Ricardo Díaz calificó la situación como “gravísima” y exigió poner fin a la concesión, mientras que el diputado Sebastián Videla emplazó al Ejecutivo a cumplir el compromiso de terminar el contrato con la empresa, acusando una gestión reiteradamente deficiente que pone en riesgo la salud pública de la región.

Así, mientras la concesionaria responsabiliza factores externos —primero el agua, ahora el calor—, crece la presión para revisar de fondo un modelo de concesión que, a juicio de autoridades y gremios de la salud, ha demostrado no estar a la altura de un hospital de alta complejidad en una de las regiones más estratégicas del país.

El parlamentario fue crítico del rol que ha desempeñado la empresa Salud Siglo XXI, a cargo de la concesión, a la que calificó de irresponsable, asegurando que su deficiente gestión ha provocado graves problemas que afectan tanto a los trabajadores de la salud como a los pacientes de la región de Antofagasta.

“Hoy, con el Presidente en el norte, es fundamental que diga claramente si cumplirá su palabra. El Hospital de Antofagasta no puede seguir en manos de una concesionaria que no responde y que ha perjudicado el funcionamiento de un recinto clave para miles de familias”, señaló Videla.

El diputado reiteró su apoyo a las demandas de los gremios y aseguró que seguirá impulsando todas las gestiones necesarias para que el hospital pase a una administración que garantice dignidad, eficiencia y una atención de salud oportuna y de calidad para la región.

Finalmente, Videla recalcó que Antofagasta no puede seguir esperando y que terminar con la concesión es una decisión política urgente y necesaria.

La inspección, realizada el jueves pasado luego de denuncias de pacientes y gremios de la salud, constató que en la mayoría de las áreas del hospital las temperaturas y niveles de humedad superan la normativa vigente. Frente a ello, la autoridad sanitaria emitió una resolución que otorga un plazo de 15 días para subsanar las deficiencias detectadas.

Durante una reunión sostenida este lunes entre autoridades regionales y representantes del sector salud —a la que no asistieron ni la concesionaria ni el inspector fiscal de concesiones— el gobernador Ricardo Díaz calificó la situación como grave y cuestionó duramente la ausencia de los responsables del contrato.

“Es inconcebible que la salud de la región de Antofagasta dependa de una concesionaria y es inconcebible que cuando la seremi de salud cita a una reunión no asista la concesionaria y ni siquiera esté el inspector fiscal que es quien tiene que regular que el contrato se cumpla como corresponda. Esto es gravísimo, por tanto exigimos a la ministra de obras públicas que envíe al director nacional de concesiones, acá se tiene que dar explicaciones a la región y se tiene que terminar el contrato con la concesionaria siglo XXI”, afirmó.

Desde la Seremi de Salud, la autoridad subrogante Leonor Castillo confirmó la magnitud de los incumplimientos detectados. “Se constató un incumplimiento de la normativa en temas de temperatura y humedad en la mayoría de las áreas, verificándose áreas críticas con problemas de temperatura que sobrepasan la normativa y que es preocupante […] es por ello que se emitió esta resolución”, señaló, recalcando el riesgo que esto implica para la salud de pacientes y trabajadores.

El impacto de estas fallas fue detallado por el director (s) del Hospital Regional, Antonio Cárdenas, quien advirtió consecuencias directas en la atención clínica. “Esto genera consecuencias, no solamente en la propia salud de los trabajadores y además de los pacientes, sino que se afectan la farmacia […] medicamentos de altísimo costo que si no se mantiene la temperatura adecuada estos medicamentos se pierden”, indicó, agregando que el laboratorio no ha podido procesar exámenes, lo que ha generado retrasos en la atención.

A ello se sumó un corte de energía ocurrido la noche anterior, donde “los generadores se demoraron alrededor de 20 minutos en operar y el hospital quedó completamente sin luz”.

Por su parte, el director del Servicio de Salud de Antofagasta, Francisco Grisolía, sostuvo que este no es un hecho aislado. “Este sería el tercer verano consecutivo que tienen problemas con la climatización del hospital, porque claramente el sistema no da abasto […] las medidas que han tomado son absolutamente insuficientes”, afirmó, enfatizando que el problema estructural recae en la concesionaria y no en el personal del recinto.

La reiteración de fallas críticas, la ausencia de la empresa en instancias clave y la persistencia de problemas sanitarios abren un nuevo cuestionamiento al modelo de concesiones hospitalarias en la región, mientras pacientes y trabajadores siguen enfrentando las consecuencias de un sistema que, a juicio de las autoridades regionales, ya no da garantías mínimas de funcionamiento.

Según explicó la Dirección General de Concesiones, la medida responde a “complejidades detectadas durante el proceso licitatorio”, particularmente asociadas a las condiciones de construcción y operación de la futura concesión. El proyecto será reformulado y las bases de licitación revisadas íntegramente, con el objetivo de incorporar nuevos requerimientos.

No obstante, el anuncio fue duramente criticado por la diputada electa Marcela Hernando, quien calificó la decisión como una señal de abandono hacia la región. “Como despedida de la actual administración es un mal chiste que el MOP tire nuevamente por la borda las necesidades de nuestra región, condenándonos a seguir lamentando muertes, inseguridad y pérdida de eficiencia con carreteras del tercer mundo”, afirmó.

Hernando cuestionó además que el Ejecutivo intente compensar la postergación con otros proyectos viales en la macrozona norte. “¡No nos sirven sus premios de consuelo!”, enfatizó, en alusión a la variada cartera de iniciativas en la zona.

La parlamentaria electa también apuntó a la falta de liderazgo regional frente a la decisión ministerial. “¿Dónde están las autoridades regionales y la descentralización? ¿Por qué tanta pasividad cuando se rompen así los compromisos?”, cuestionó, advirtiendo que la postergación del proyecto mantiene a Antofagasta y Atacama expuestas a una infraestructura vial que no responde a los estándares de seguridad y desarrollo que requiere la zona.

La suspensión del proceso licitatorio vuelve a instalar el debate sobre la capacidad del Estado para ejecutar proyectos estratégicos en regiones clave para la economía nacional, especialmente en un eje vial marcado por altos flujos de transporte minero, accidentes graves y una demanda histórica por una ruta moderna y segura.

La expansión de Sacyr en Chile no pasa desapercibida en el norte del país, donde la empresa mantiene un historial de graves cuestionamientos. El grupo económico es parte de la operación del Hospital Regional de Antofagasta a través de la concesionaria Salud Siglo XXI, gestión marcada por filtraciones, problemas estructurales, fallas en sistemas de climatización, deficiencias en servicios críticos e incluso un incendio que obligó a evacuar el recinto.

Pese a este historial, Sacyr sigue acumulando concesiones en nuestra región y en todo el país. En abril se adjudicó un contrato por 300 millones de dólares para el tratamiento, reúso y comercialización de aguas servidas en Antofagasta por los próximos 35 años, proceso que generó controversia por resolverse en menos de cinco días corridos, incluyendo un fin de semana y un feriado.

Sacyr está presente en Chile desde los años 90’s y controla un amplio portafolio de concesiones, entre aeropuertos, carreteras, hospitales y diversas obras de infraestructura y tratamiento de aguas. Su nuevo contrato en Coquimbo refuerza su posición estratégica en el país, pero mantiene abierto el debate sobre las críticas al desempeño de la empresa.

En el caso del Hospital Regional de Antofagasta, según denuncias de gremios y autoridades regionales, las fallas estructurales en el sistema de cañerías y el mantenimiento general del recinto han puesto en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores.

“El tema de la concesionaria es un tema de larga data. Llevamos ocho años en el hospital y, como comprenderás, han pasado múltiples fallas en que la concesionaria de alguna u otra manera se ha visto involucrada”, comentó Danilo Gómez, dirigente de Fentess (asociación de técnicos del Hospital de Antofagasta), en una reciente entrevista con Diario Regionalista.

El representante explicó que uno de los problemas más graves es el desgaste de las cañerías de agua y aire acondicionado, denunciadas en el informe Ramae, contratado por la misma empresa concesionaria. “Solo se inspeccionaron tres de los ocho pisos del hospital y ya se encontraron cañerías en pésimo estado”, agregó.

Si bien reconoció las dificultades que atraviesa el principal centro de salud del norte del país, la secretaria de Estado fue enfática en señalar que “no se cumplen las condiciones” para terminar anticipadamente la concesión, dejando fuera de discusión una medida que ha sido ampliamente solicitada por gremios, autoridades y usuarios afectados por la deficiente gestión de la empresa.

Por otra parte, la autoridad señaló que «en algunos casos» las reparaciones en el edificio se realizarían con recursos públicos.

«Lo que corresponde es que la sociedad concesionaria acometa los trabajos que hay que hacer. En algunos casos van a tener que ser recursos nuestros. Estamos discutiendo con ellos, pero no están dadas las condiciones para el término de la concesión», enfatizó la personera.

Cabe recordar que en los últimos años el Hospital Regional de Antofagasta ha enfrentado múltiples fallas en su infraestructura, que van desde problemas eléctricos y filtraciones de aguas servidas, hasta incendios e inundaciones provocadas por deficiencias en el sistema de climatización. El episodio más reciente ocurrió este fin de semana, cuando se registró una nueva inundación en el nivel -1 del recinto.

Estas fallas no solo se han vuelto recurrentes, sino que han tenido consecuencias graves para los pacientes. En diversas ocasiones han obligado a suspender cirugías y atenciones médicas, lo que ha contribuido al aumento sostenido de la lista de espera en la región, sin que hasta ahora se haya logrado una solución estructural a estos problemas.

Según el documento, la crisis del hospital representa “un grave atentado contra el derecho a la salud” de miles de familias de la región y la macrozona norte. Entre las principales denuncias destacan fallas en la infraestructura, falta de mantenimiento adecuado y negligencia en la gestión de la concesionaria, lo que, según el conglomerado, pone en riesgo la vida de pacientes y trabajadores.

La colectividad también enfatizó que las constantes anomalías en la administración del recinto hospitalario evidencian “lo pésima que es la política de concesiones hospitalarias”, argumentando que el marco regulatorio vigente protege más a las empresas que a los usuarios del sistema de salud.

Ante esta situación, el partido llamó al Gobierno a actuar con urgencia y buscar mecanismos para poner fin a la concesión. Asimismo, respaldaron las iniciativas impulsadas por los gremios de trabajadores del hospital y destacaron el consenso alcanzado entre el Gobernador Regional, parlamentarios, organizaciones ciudadanas y expertos en salud sobre la necesidad de finalizar el contrato y determinar responsabilidades.

“Este modelo ha demostrado ser más caro para el Estado y mucho más ineficiente que la administración directa por parte de los Servicios de Salud”, señala el documento, enfatizando la necesidad de que el Gobierno tome cartas en el asunto.

Finalmente, el Partido Comunista cerró su declaración con un llamado a eliminar el modelo de concesiones hospitalarias a nivel nacional, afirmando que prioriza criterios económicos y oportunidades de negocio por sobre la salud de la población.

«Llamamos a nuestro Gobierno a actuar con prontitud y buscar los mecanismos para terminar ya con esta concesión», precisaron.

“El director del hospital ha presentado una alerta roja para que la ciudadanía sepa lo que está pasando y, fundamentalmente, para que el resto de las autoridades pongan atención en el riesgo que está viviendo el hospital de Antofagasta”, afirmó el diputado Jaime Araya.

En este contexto, el parlamentario se refirió al informe presentado por la concesionaria Salud Siglo XXI en el que se analizó el sistema de ductos de climatización del centro asistencial, y aseguró que dicho documento “no sólo revela fallas en el sistema de climatización, sino también posibles deficiencias en la infraestructura hidráulica, de gas y eléctrica».

«Valoro mucho lo que ha hecho el director al alertar a tiempo, pero el Gobierno debe empatizar con esta situación y actuar con urgencia», agregó Araya.

Por su parte, el diputado Sebastián Videla destacó la importancia de la reunión y reveló que los antecedentes recabados sobre distintas fallas presentadas en el Hospital Regional de Antofagasta, así como el más reciente informe sobre el estado del sistema de climatización fueron enviados a la Fiscalía.

“Este informe podría implicar delitos de quienes recepcionaron el hospital. Hay que modificar este contrato abusivo, pero también asegurar que la concesionaria asuma la responsabilidad por sus falencias”, señaló Videla.

La diputada Yovana Ahumada, en tanto, manifestó su preocupación por la crisis reiterada que enfrenta el HRA. “Estamos viendo una situación crítica que no debería estar ocurriendo. Hoy, el hospital no solo enfrenta problemas de climatización, sino que también podría colapsar en otras áreas”, advirtió la legisladora.

Asimismo, cuestionó el rol de la concesionaria y subrayó la necesidad de fiscalizar las multas impuestas a dicha empresa.

Por otra parte, el director del HRA, Dr. Antonio Zapata, agradeció la presencia de los parlamentarios y aseguró que “en particular, nos hemos quedado con el tema del contrato de concesiones y el informe del estado de las cañerías del sistema de climatización de nuestro hospital. Esta situación nos tiene muy preocupados, tanto por la seguridad de nuestros pacientes como de nuestros funcionarios, respecto de las fallas en las instalaciones de nuestro edificio».

«Estamos trabajando en conjunto con las distintas autoridades para evaluar eventuales modificaciones del contrato de concesiones y también explorar mejoras en la fiscalización a la empresa concesionaria y a las mantenciones que hace en el edificio, porque obviamente distintas situaciones de inundaciones, de incendios, de alteraciones del sistema de climatización, están afectando la lista de espera en nuestro hospital”, señaló el director del recinto.

Zapata recordó que en 2023 un problema de climatización obligó la suspensión de más de 2000 cirugías, lo que impactó gravemente en la resolución de casos de lista de espera quirúrgica en el centro asistencial.

Finalmente, el director (s) del Servicio de Salud Antofagasta (SSA), Dr. Sebastián Villarroel, respaldó el trabajo del equipo directivo y de los funcionarios del HRA para mantener los servicios clínicos en medio de las contingencias ocurridas. “La certeza jurídica es clave, pero también debemos poner todos nuestros esfuerzos en soluciones concretas”, afirmó.

El director del HRA también anunció que en las próximas semanas se invitará a los tres senadores de la región para sostener una reunión de similares características a la realizada con los diputados y de esta forma continuar con las gestiones y buscar una solución definitiva a la crisis de infraestructura del principal hospital de la macrozona norte.

Hace apenas una semana, un desperfecto en el mismo sistema provocó una inundación en el piso -1 del centro asistencial, afectando actividades críticas, incluidas las quirúrgicas. Además, un reciente incendio durante el mantenimiento de los equipos de enfriamiento ha intensificado las críticas hacia la concesionaria Siglo XXI, encargada del mantenimiento, debido al modelo de concesiones con el que opera el recinto médico.

“Estamos trabajando para resolver los problemas que afectan a los pacientes, especialmente las más de 30 cirugías suspendidas por estas fallas, que son ajenas a este equipo directivo”, señaló Antonio Zapata, director del Hospital Regional de Antofagasta.

El representante agregó que han sostenido reuniones con el inspector fiscal del MOP para exigir respuestas concretas a la concesionaria sobre el recurrente problema de climatización que ha afectado el funcionamiento del recinto.

Estas fallas constantes dificultan los esfuerzos por reducir la lista de espera quirúrgica. Las críticas hacia la gestión del hospital y la concesionaria crecen, mientras los pacientes siguen siendo los principales afectados.