Grupos de extranjeros pernoctando en la vía pública evidencian la falta de espacios de alojamiento transitorio.
La Coordinadora Nacional de Inmigrantes presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición sobre la violación al pacto de San José de Costa Rica, debido a la prohibición a los ciudadanos peruanos de ingresar a su país. Además de la petición, la coordinadora solicitó que la comisión establezca ciertas medidas cautelares de protección transitoria, en tanto se resuelve el tema de fondo, que es la restricción de fronteras.
Con ello se busca que el estado peruano asuma su responsabilidad de protección de la vida y la integridad de sus ciudadanos varados en Chile. Es decir, que resguarde su acceso a albergue, alimentación, atención en salud y que se les garantice la aplicación de exámenes para descarte de Covid-19.
Cierre de fronteras
“Si bien el Estado puede establecer restricciones, éstas se refieren específicamente a personas que no son de la nacionalidad peruana, como extranjeros que quieren ingresar al país, que se les niega el acceso por la contingencia mundial del Covid-19. Es entendible que el Estado tienda a proteger a su país, pero no puede negar el derecho de los ciudadanos de su país de ingresar a él”, mencionó Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile.
Acorde al representante, en el país muchos ciudadanos peruanos “varados” vinieron en calidad de turistas, solicitando al gobierno de Chile que no los multe o sancione, tras permanecer en esa situación por la pérdida de vuelos, buses, cierre de fronteras y restricciones de cuarentena. Además, indicó la solicitud para que la CIDH señale al gobierno peruano hacer las gestiones para que sus pares en Chile dejen sin efecto la resolución que hizo el subsecretario del interior, Juan Francisco Galli, de prohibir a los peruanos que hagan uso de la frontera de Chacalluta, acto administrativo efectuado a solicitud del gobierno peruano.
Mediante un comunicado, la CIDH solicitó al gobierno del Perú que informe en un plazo de tres días -hasta el 21 de mayo- las medidas que ha tomado y dé a conocer la situación del caso planteado.
Situación regional
“Todas las personas tienen derecho a volver a su país de origen, naturalmente, con las medidas de protección oportunas, tales como guardar cuarentena. Lamentamos mucho la situación de los temporeros, cuyos empleadores no se hicieron cargo de la situación”, indicó a Regionalista.cl Conchita de la Corte, jefa regional en la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes.
Recordemos que el pasado lunes se dio por finalizada la Operación Retorno de los últimos 195 bolivianos albergados en Antofagasta, a diferencia de los ciudadanos peruanos que aún se encuentran en espera de ser repatriados. El Servicio Jesuita de Migrantes apoyó a varios grupos, tanto del liceo Industrial como de la junta de vecinos de la Población Bonilla, que recibió a casi una treintena de personas. También colaboró en colaciones para que las personas tuvieran cómo alimentarse durante el viaje de regreso. Lo anterior dejó en evidencia la falta de espacios de alojamiento transitorios en Antofagasta.
“Ojalá esta situación haga a los Estados replantearse el modo de gestionar la migración, de forma que se lleve a cabo con una mirada regional y no en función de los intereses de cada país, como hemos subrayado en nuestras propuestas al proyecto de ley de migración”, destacó Conchita de la Corte.
Redacción 
Paula Corina Hernández