Tras conocerse las declaraciones del Seremi de Gobierno (s), Juan Enrique Jara, en donde realizó duras advertencias de responsabilizar a organizaciones sociales por los desmanes que ocurran de manera paralela a las movilizaciones, el representante de la Mesa de Unidad Social, Pablo Rojas, condenó las palabras del Gobierno Regional, las cuales, según él, «buscan criminalizar el movimiento social».

Las polémicas declaraciones

«Queremos hacer un llamado también a las organizaciones, quienes convocan estas marchas, a su cuota de responsabilidad. La verdad es que quienes convocan a las marchas, y que finalmente terminan en violencia, también tienen cuota de responsabilidad».

Estas fueron las palabras con las que la autoridad vinculó al movimiento social con los disturbios ocurridos en el último tiempo en Antofagasta y que detonaron la polémica a más de un mes del inicio de las manifestaciones sociales. En la oportunidad advirtió la presentación de querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los organizadores de estas convocatorias.

Tremenda incomprensión

En ese sentido Rojas, quien es también vocero de la ONG Fractal, calificó las palabras como una irresponsabilidad de su parte y un intento por desviar la raíz del problema social. Además, sostuvo que este tipo de discursos se deben al nulo interés de buscar soluciones por parte del también Seremi de Justicia.

«Nos parecen muy lamentables las declaraciones, porque da cuenta de una tremenda incomprensión y desdén de lo que está pasando en Chile y es preocupante criminalizar junto con amenazar a organizaciones y a la sociedad que se manifiesta usando su legítimo derecho de protesta en las calles. Eso es no entender nada. Quiere evadir el problema de fondo que es institucional, constitucional, de confianza y de medidas urgentes con hacer uso de una ley de dictadura», indicó.

«Tratar de establecer una relación entre los llamados de las organizaciones a los paros, marchas y protestas con los saqueos y vandalismo, nos parece que es de una irresponsabilidad solo atribuible a su probable desinterés de dar una salida a la crisis social y también a su inexperiencia política», agregó.

Alarmantes informes

Además de condenar los actos de vandalismo ocurridos paralelo a las marchas, el activista también invitó a las autoridades regionales a leer los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, con el fin de generar una idea de la génesis de la violencia, la cual según informaciones recientes indican graves violaciones de Derechos Humanos por parte de las fuerzas uniformadas del país.

«Le invitamos a leer los informes para que se haga una idea de donde proviene la violencia, la cual viene desde el Estado, eso no quita que toda la sociedad tenga que hacerse el cuestionamiento de ciertas acciones de saqueo y vandalismo, las cuales no tenemos claro de donde provienen», manifestó.

Situación del PC en Calama

El representante de la Mesa de Unidad Social aprovechó la oportunidad para referirse a la situación ocurrida en la sede del Partido Comunista en Calama, en donde hizo una relación con lo que podría ocurrir si este tipo de medidas se formalizan desde el oficialismo.

«Tememos que ocurran cosas como lo que pasó con los dirigentes del PC en Calama, luego de que Carabineros ingresaran y se tomaran la sede, imputándolos por delitos que ellos no cometieron. No queremos ver que se criminalicen movimientos y a dirigentes sociales, acciones que buscan dividir al movimiento social y así permitir acciones arbitrarias e ilegales como las que se están sugiriendo», concluyó.

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