El portal Ciper Chile publicó un reportaje que revela informes y oficios secretos intercambiados por Carabineros, Interior y Cancillería, que muestran que el gobierno de Sebastián Piñera gestionó la compra urgente de 20 mil cartuchos de perdigones a dos meses de iniciado el estallido social.

Según la publicación, en la causa por eventuales crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía analiza esta adquisición porque se hizo cuando La Moneda ya conocía las graves lesiones que provocaba esta munición en los manifestantes.

Para configurar un delito de lesa humanidad, debe acreditarse que hubo un ataque “sistemático” o “generalizado” contra la población. Por estas compras masivas, y por la gestión para pagar $18.000 millones en gratificaciones para carabineros que trabajaron en el control del orden público en 2019, la Fiscalía evalúa calificar los hechos como “generalizados”.

Las gestiones para importar este armamento desde Brasil, el 27 de diciembre del 2019, se realizaron pese a que diversas organizaciones como la ONU, Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Colegio Médico, advertían del daño que causaban en la población que salió a manifestarse a las calles.

Ciper advierte en el reportaje que para que se configure un delito de lesa humanidad, es necesario acreditar que hubo una agresión ‘sistemática’ o ‘generalizada’ por parte de agentes del Estado.

“La Fiscalía ha impulsado líneas de investigación que apuntan a demostrar que, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, pudo configurarse una agresión generalizada contra los manifestantes”, se señala en la publicación.

Esta causa es liderada por la fiscal Ximena Chong, que en marzo le pidió al actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la entrega de los correos de los exministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, información que fue borrada por las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera.

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