Sólo días antes de terminar su mandato, y tras la toma de razón de Contraloría, el gobierno de la saliente presidenta Bachelet promulgó el Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), mediante el cual se autorizó a Codelco a extraer litio en el Salar de Maricunga, en la región de Atacama.

Sin embargo, hoy el proceso sufre una amenaza, puesto que la Minera Salar Blanco, ligada a inversionistas nacionales como Martín Borda, los australianos de Lithium Power International y los canadienses Bearing Lithium, presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando irregularidades en el otorgamiento del contrato a la estatal, argumentando que la cuprífera estaría desarrollando actividades económicas “que no le han sido autorizadas”.

A juicio de Salar Blanco, el proceso se encontraría viciado, ya que para ampliar el giro de la empresa se requiere de una autorización por parte de una ley de quórum calificado.

Cabe destacar que la compañía demandante vería una suerte de bloqueo al proyecto que ellos comenzaron a estudiar hace cuatro años en sus pertenencias en el Salar de Maricunga y por los que han invertido unos US$ 50 millones en estudios y exploraciones, un 10% de lo que requiere en total la iniciativa.

La corte acogió a trámite el recurso, pero no aceptó una orden de no innovar.

Abogados de la plaza han cuestionado el principal argumento esgrimido por el denunciante, porque Codelco ya cuenta con presencia en otro tipo de negocios diferentes a la extracción del mineral, como energía o puertos.

Se espera que la próxima semana este caso sea analizado en la sala de la Corte de Apelaciones, ya que Codelco tiene hasta el sábado para presentar una serie de documentos requeridos por la justicia.

 

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