En entrevista con el diario local El Mercurio de Antofagasta, ex ex Intendente DC, Arturo Molina, defendió su rol como asesor y lobbista de la empresa Santa Marta, operadora del relleno sanitario Chaqueta Blanca que ha estado en el centro de la polémica en los últimos días.

Tras la publicación de un reportaje en el portal El Mostrador que reveló la participación del cuestionado ex ministro Pablo Longueira y que dio a conocer correos electrónicos que involucran al actual Intendente Marco Díaz, las reacciones no se han hecho esperar.

En este contexto, el rol del ex Intendente Arturo Molina también ha sido objeto de críticas, debido al conflicto de interés que surge cuando una autoridad a la que le corresponde aprobar permisos o realizar gestiones ahora está en la vereda del frente gestionando los intereses de esa empresa.

En la entrevista con el medio local, Molina reconoce que fue contratado por Santa Marta debido a su perfil técnico como profesional, pero también por los contactos que generó cuando ocupó cargos como autoridad en la región.

«Me contrataron como técnico, no como político, pero hay que ser claro: uno usa los contactos que quedan de cuando fui autoridad», afirmó el personero que fue alcalde de Calama, Seremi de Energía e Intendente de la región. Estos últimos dos cargos durante el último mandato de Michelle Bachelet.

Como si lo anterior fuera poco, Molina además es parte del directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), la que es presidida por la alcaldesa Karen Rojo, quien actualmente se encuentra enfrentada al Gobierno Regional por el tema del relleno sanitario, cuyo mandante es la propia municipalidad que ella dirige. A pesar del claro choque de intereses, ex ex Intendente le baja el perfil a este conflicto.

«No hay incompatibilidad con la asesoría en Santa Marta, son dos carriles distintos», afirma.

En la misma publicación Molina confirma su interés de ser candidato a Gobernador Regional el 2020.

Esta verdadera silla musical de autoridades que pasan del mundo público al privado y viceversa, ha quedado en evidencia una vez más en el caso Santa Marta, poniendo sobre la mesa el dilema ético de siempre: Se sirve al bolsillo y a los intereses privados o se opta por el servicio público.

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