Imagen: Agencia UNO.-

Sectores políticos que apoyan el Rechazo, han levantado una campaña calumniosa, afirmando que el nuevo texto constitucional elimina la vivienda propia. Se trata de una infamia, porque el Artículo 78, N°1 aprobado recientemente por la Convención Constituyente es categórico al respecto:

“Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables”.

Sin embargo, repiten majaderamente esta mentira, a sabiendas que pueden minar la confianza de sectores desinformados.

La dictadura impuso la actual Constitución, que no solo no incluye el derecho a la vivienda, sino que la propia palabra vivienda no existe en todo su texto. Pinochet hizo añicos el derecho a la casa propia. Erradicó a la periferia de las grandes ciudades, a decenas de miles de familias modestas que vivían en barrios centrales de Santiago. Expulsó a los rotos. Los confinó a terrenos con una caseta sanitaria o sin nada. Quienes hoy difaman un texto admirable en materia de derechos sociales, no abrieron la boca ante semejante burla al derecho a una vivienda digna.

Los gobiernos de la ex Concertación, levantaron las peores viviendas públicas jamás conocidas en nuestra historia, carentes de terminaciones, con superficies construidas inferiores a 40m2, con muros que no resistieron las primeras lluvias (Casas Copeva), sin servicios comunes, áreas verdes, ni juegos infantiles, lejos del transporte público. Son los llamados Blocks.

Buena parte de estos blocks han debido demolerse. Tal es el caso de los conjuntos habitacionales Benjamín Vicuña Mackenna en Rancagua. 1995-97 (1.793 departamentos). Población Francisco Coloane. Bajos de Mena. Puente Alto. 1996. 300 departamentos. Mayormente demolidos. Villa San Hernán. San Fernando. 1992-93. etc. etc. La vivienda propia para estos centenares de miles de familias chilenas ha sido una burla.

Ninguno de los dirigentes de la derecha chilena, así como ninguno de quienes hoy se cobijan bajo el paragua de “amarillos”, denunció dichos delitos como flagrantes atentados al derecho a la vivienda propia. Más aún, muchos de ellos están involucrados con estos gigantescos fraudes.

En cambio, el texto Constitucional recientemente aprobado hace imposible la repetición de semejantes delitos, al establecer en el inciso 2 del Artículo 51 lo siguiente:

“El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando, a lo menos, la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, conforme a la ley”

No puede haber doble lectura.

Quienes levantan el infundio de que no habrá propiedad de la vivienda, encubren sus verdaderos móviles. Aspiran a continuar con más de lo mismo. Que continúen las grandes empresas inmobiliarias proponiendo donde y como se construye. Que la producción de viviendas públicas continúe siendo un negocio y no un servicio. Impugnan que el Estado sea quien adquiere los terrenos y quién diseña y asigna las viviendas. Ese es el verdadero motivo de su campaña deshonesta.

Cada vez que la Izquierda puso en riesgo al poder dominante, en la historia de Chile, se levantaron infundios análogos al de hoy. Durante la campaña presidencial de 1958, cuando Allende amenazaba seriamente con lograr la victoria, la derecha echó a correr el rumor que nuestro programa planteaba que las familias del barrio alto, serían obligadas a recibir un grupo de allegados.

En la campaña de 1964, esta vez, que las empresas constructoras privadas serían sustituidas por empresas estatales de construcción. La verdad, es que, durante el gobierno de Allende, nunca antes las empresas constructoras privadas tuvieron un margen más alto de utilidades, simplemente por el notable incremento de la construcción de viviendas promovidas por el sector público.

En fin: he titulado esta columna ¿Casa Propia o Casa Impropia?, con el fin de subrayar la imposibilidad de que en Chile vuelvan a construirse centenares de miles de viviendas impropias, como desgraciadamente fue la norma desde la dictadura hasta hace muy pocos años. La Constitución que aprobaremos en un nuevo luminoso 4 de septiembre, lo hace imposible.

Miguel Lawner
Premio Nacional de Arquitectura 2019
21 julio 2022

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