A la espera de una decisión del Gobierno Regional de Antofagasta se encuentra Carolina Cáceres, periodista del Consejo Regional (CORE) y presidenta del Colegio de Periodistas, luego de que Contraloría Regional resolviera dejar sin efecto la no renovación de su contrato 2020.

El organismo ordenó al intendente Edgar Blanco reincorporar a la profesional a sus funciones en un plazo máximo de 15 días administrativos, con el pago de todas sus remuneraciones adeudadas. En conversación con Regionalista, Cáceres profundizó sobre las verdaderas razones de su despido, las que atribuye -entre otras- a su defensa a la prensa local tras las documentadas vulneraciones sufridas durante el llamado Estallido Social por parte de Carabineros.

¿Cómo recibes la resolución de Contraloría?

Estoy contenta por esta resolución. Esperamos harto tiempo a Contraloría para que se pronunciara al respeto, pero pese a toda la emoción y orgullo que esto implica -por la justicia que se hace y lo arbitrario de mi desvinculación-, me he tomado esta respuesta con calma, porque queda una tramitación pendiente. Lo más importante, es que se hace justicia y con ello se reivindican todos los años de trabajo; todo el compromiso; las ganas y el respeto que he puesto en cada uno de los trabajos en los cuales me he desempeñado como periodista.

¿Qué le dirías al Intendente luego que él dijera que se trataba de un despido por un tema de desempeño?

Como se dijo desde un inicio, y al momento de interponer la denuncia en Contraloría, no había argumentos para el despido. Además el Intendente llevaba muy poco tiempo en el cargo y se le explicó que no era un tema de calificaciones, porque siempre mi desempeño estuvo calificado en lista uno, es decir, profesional destacado. Segundo, en las razones administrativas se dijo que era por un tema de presupuesto, cuando realmente el presupuesto de 2020 fue superior al del año 2019 en todas las partidas, lo cual fue corroborado por Contraloría. También argumentaron que yo no contaba con la figura de confianza legítima. Sin embargo, de estos cinco años de trabajo, tres estuve a honorarios y dos en modalidad contrata, y Contraloría determinó que sí se configuraba la confianza legítima, porque durante todo este tiempo cumplí la misma función, en el mismo cargo. Por esta razón Contraloría fue clara en indicar que me deben reincorporar y pagar indemnización por todos los meses que he estado cesante, en contexto de pandemia.

¿Y qué viene ahora, Carolina?

En términos legales el Gobierno Regional cuenta con quince días hábiles, desde el 14 de julio, para pronunciarse respecto a la determinación de Contraloría, así que estamos esperando y con bastante confianza en el criterio de Contraloría porque, como he comentado, no tienen los argumentos como para decir ‘ella no puede volver a sus funciones’, no existen los argumentos para ello, se trata sólo de voluntad. Es una desvinculación netamente política, básicamente, porque en mi rol de presidenta del Colegio de Periodistas de Antofagasta siempre me mantuve defendiendo a la ciudadanía que se expresó durante el Estallido Social. Defendí a los colegas maltratados que no pudieron trabajar como corresponde durante ese período, y a los y las comunicadores sociales, porque claramente se estaba violando el derecho a la información y los derechos humanos, y eso moral y éticamente no lo podíamos permitir. Por lo comentado, conservo la confianza que ante la eventualidad de que el Gobierno Regional apele, Contraloría va a mantener la determinación.

Durante estos días he tenido un fuerte apoyo por parte de la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Antofagasta) y la AFUNGRA (Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Antofagasta), y eso para mí, como presidenta de un gremio es muy importante, contar con el apoyo de otros gremios es muy relevante en este proceso.

-¿Cuál es la reflexión después haber sido despedida por defender a la prensa y los derechos humanos como presidenta de un gremio?

Lamentablemente, lo que hemos visto durante estos meses tanto del gobierno central como en los gobiernos regionales ha sido la represión; hacer callar a la gente; hacer callar a los dirigentes. Ha sido una forma brutal y perversa de silenciar a las personas y que no se puedan expresar de ningún modo. Es mi deber manifestarme sobre estos temas, porque por algo presido un gremio, sino mejor me quedo en la tranquilidad de mi hogar y esa claramente no es la idea. Este tipo de accionar una no los puede permitir, menos en la situación político-social que atraviesa el país. La comunidad está pidiendo a gritos cambios porque quiere justicia, equidad e igualdad. Aspiramos a trabajar libremente y como corresponde, independientemente de nuestro color político, independientemente de lo que pensamos y sentimos, porque es un derecho humano el poder trabajar libremente y sin presiones de ningún tipo. Esto,  desgraciadamente en el sector público no se aplica mucho, porque recordemos que se rige por un estatuto antiguo, creado durante la dictadura, que ya está añejo, pero que propicia estas malas prácticas, las cuales se han repetido en todos los gobiernos. Hoy existe un fuerte grito para que este tipo de acciones no se sigan repitiendo, y para eso, debemos trabajar unidos, así que insto a los colegas a unirse con fuerza para poder revertir las malas prácticas y las persecuciones.

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