Montajes policiales, falta de pruebas concretas y endurecimiento de leyes en contra de las manifestaciones son algunas de las aristas que afectan a 18 personas que se encuentran en prisión preventiva.

Actualmente en Antofagasta existen 18 personas privadas de libertad, a raíz de las manifestaciones que comenzaron en octubre del año pasado con el llamado estallido social o revuelta popular. Según la abogada Karina Ibarra, los denominados presos políticos se encuentran en prisión preventiva por diversas causas que han estado marcadas por una serie de irregularidades en los procesos. Incluso se han denunciado montajes policiales.

En este contexto, la falta de un juicio oral, la modificación a la ley de control de armas, y la prisión preventiva, son algunas de las aristas que mantienen complicada la situación de cada una de las personas que permanecen a la espera de una resolución.

Juicio oral

Para la abogada, la importancia de un juicio oral radica en la comunicación no verbal que emplean los testigos al momento de declarar, hecho que es de suma importancia para determinar si un acusado es inocente o culpable. Debido a la situación sanitaria, los juicios en los que se está alegando inocencia se están llevando a cabo por videoconferencia, lo que representa una dificultad.

“Hay muchos casos en que los testigos son los mismos carabineros. Es importante que a ellos se les confronte a la cara. En los juicios hay mucho que se puede decir por tartamudeo y el titubeo, eso tiene un objetivo y se llama principio de inmediación, que significa que los jueces tengan las impresiones de manera directa para llegar a la conclusión de declarar a alguien culpable o no”, señaló.

Además, expuso que se requiere veracidad en el juicio, puesto que “cuando una persona está por videoconferencia no sabes si está leyendo, o le están mandando información. Los testigos tienen prohibido leer, igual que los peritos, entonces uno como defensor puede objetar que está leyendo”.

Ley de control de armas

La ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos, y otros materiales afines, fue modificada el año 2015. Dentro de estas modificaciones, establece cárcel efectiva para quien cometa este tipo de delitos. En ese sentido, el porte de un elemento incendiario es sancionado por la peligrosidad que pueda tener de manera abstracta, y no se toma en consideración el daño, sino el mero porte del objeto.

“Una persona con robo con violencia puede cumplir una pena en libertad, pero una que portaba una molotov tiene que hacer cárcel efectiva, independiente de que tenga o no antecedentes, y los tribunales de acá aún están escépticos a creer que existe el montaje. La ley de armas, municiones y elementos incendiarios establece pena efectiva y sanciones muy altas. Esta ley se ha cuestionado un montón de veces”, expuso la abogada.

Prisión preventiva

Ante el hecho de que existen alrededor de 2.000 presos políticos en el país siendo procesados por diversas causas alusivas a las manifestaciones, la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia señaló que el Estado está haciendo de la prisión preventiva una herramienta para mantener a los manifestantes en las cárceles.

«Como organización creemos que la prisión preventiva es utilizada por el Estado como una prisión política. No es la primera vez que sucede, lo hemos visto con presos políticos mapuches, anarquistas, y en diversas partes del país, donde los chicos tienen que estar por muchos meses, hasta dos años, sin importar que existan pruebas concretas o no», expresaron.

«Eso es lo que está pasando en Antofagasta, hay varios casos donde no existen pruebas concretas de que los chicos cometieron un delito para el Estado. Sin embargo, los tienen encerrados y creemos que seguirán metiendo gente presa», afirmaron desde la agrupación.

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