Los recurrentes denuncian que el Coordinador Eléctrico Nacional autorizó a AES Andes la quema de 94.000 toneladas de carbón sin justificación legal ni ambiental y sin evaluarse potenciales perjuicios para terceros ni para el equilibrio del mercado. Esto significa, además, el incumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental de las unidades termoeléctricas Norgener 1 y 2. La quema está ocurriendo desde el 18 de febrero pasado.
Ante esta situación que pone en riesgo la salud de la población, un grupo de habitantes de Tocopilla, acompañados por las organizaciones ambientalistas Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando se ordene el cese inmediato de la quema de los excedentes de carbón autorizada por el Coordinador, se revoque la autorización otorgada a AES, se respete el orden de despacho económico que rige el sistema eléctrico nacional y se ordene a AES cumplir con su obligación de elaborar los Planes de Abandono correspondientes.
Cabe recordar que el Coordinador Eléctrico Nacional autorizó a AES Andes SA a realizar la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de sus unidades Norgener 1 y 2, ubicadas en la ciudad de Tocopilla. El carbón, que se está quemando desde el 18 de febrero, asciende a 94 mil toneladas. AES afirmó que esta quema forzada y acelerada de sus excedentes de carbón sería la única alternativa viable para cumplir con sus obligaciones ambientales, luego de que se confirmara el cierre anticipado de sus unidades.
La autorización recién se conoció públicamente el 26 de febrero de 2024, día en que Sara Larraín, representante de la Fundación Chile Sustentable, envió una carta a los ministros de Energía y Medio Ambiente, solicitando el cese inmediato de la operación. La alarma levantada no fue suficiente para terminar con la quema, ni la desproporcionada carga ambiental que ya pesa sobre Tocopilla, declarada zona saturada de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental.
“La población de Tocopilla se encuentra en situación de desamparo”
“El sentido del recurso de protección directamente frente a la Corte Suprema es el desamparo, cuando el aparato encargado de amparar los derechos de la gente no cumple su función. Por eso se recurre a la máxima autoridad de la justicia, otra rama del Estado”, sostiene Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.
“Cuando el coordinador del Sistema Eléctrico Nacional otorga permisos a empresas como AES para quemar grandes cantidades de carbón en zonas saturadas y con planes de descontaminación, la autoridad ambiental no cumple su rol de fiscalización”, complementa.
Larraín enfatiza que “la población de Tocopilla, afectada históricamente por la quema de carbón, se encuentra en una situación de desamparo. Ante la falta de fiscalización y cumplimiento de normativas por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, la comunidad recurre al recurso de protección constitucional frente a la Corte Suprema, debido a la ineficacia de las instituciones del Ejecutivo”.
Entre los argumentos que motivan el recurso destacan la omisión de AES de buscar los permisos ambientales pertinentes para ejecutar la gestión de sus excedentes de carbón, siendo que, en las comunicaciones dirigidas al Coordinador, la empresa admite expresamente no haberse comunicado con la autoridad ambiental para buscar alternativas a la quema ni haber evaluado los potenciales perjuicios a terceros ni al equilibrio de mercado.
Esta omisión además resulta en un incumplimiento de las obligaciones ambientales de AES contenidas en las autorizaciones ambientales para la operación de sus unidades Norgener 1 y 2. Las resoluciones de calificación ambiental, que constituyen la licencia ambiental de la termoeléctrica, imponen a AES la obligación de elaborar un Plan de Abandono para cada una de sus dos unidades antes de sus retiros, lo que no ha ocurrido.
La acción de protección también denuncia el actuar ilegal del Coordinador Eléctrico que, sin fundamentos legales ni ambientales, autorizó la quema de los excedentes de carbón, pasando por encima de su obligación de seguir el orden económico de despacho en el sistema eléctrico nacional, que lo obliga a priorizar siempre la energía más económica, que es también la más limpia. Lo anterior constituye una vulneración a los derechos humanos y ambientales de los habitantes de Tocopilla, afectando -además- injustamente a las generadoras de energía renovable y limpia, que quedan desplazadas y deben verter su energía.
Paula Corina Hernández