Una serie de convenios por un total de $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, militante de RD y pareja de la diputada Catalina Pérez, desataron una amplia polémica a nivel regional.
Los cuestionamientos surgen tras conocerse que todos los involucrados son militantes del partido, Revolución Democrática (RD), y parte del círculo cercano de la diputada de la misma colectividad política, Catalina Pérez.
Se trata de transferencias firmadas por el ex Seremi de Vivienda, Carlos Contreras (cuya renuncia se conoció esta jornada), quien hasta ayer ocupaba dicho cargo y que mantiene una reconocida cercanía con la diputada por nuestra región.
El objetivo de los millonarios traspasos es realizar intervenciones socio territoriales en campamentos, con el propósito de mejorar los estándares de habitabilidad.
Según pudo conocer nuestro medio, es común que la Seremi de Vivienda firme convenios y realice transferencias a distintas fundaciones. Sin embargo, el cuestionamiento en este caso dice relación con la militancia política de los involucrados y los vínculos que mantienen entre sí con la diputada Catalina Pérez.
Antes de conocerse su renuncia, el ex seremi Carlos Contreras defendió la legalidad de estos convenios, afirmando que «es usual y está normado que MINVU firme convenios con organizaciones sin fines de lucro».
«Existen procedimientos de control para su implementación y tanto los suscritos por la fundación Democracia Viva como las otras nueve fundaciones que se encuentran trabajando se encuentran en el marco de la normativa vigente», explicó.
Por su parte, la diputada Catalina Pérez, en declaraciones al portal Timeline, afirmó que «aquí se hace referencia a un convenio suscrito entre un seremi y una fundación en el que yo no tengo absolutamente ninguna injerencia, participación o conocimiento específico».
Asimismo, anunció que recurrió a Contraloría para despejar cualquier duda sobre la más absoluta legalidad y apego a los estándares de transparencia y probidad de este y cualquier convenio suscrito en la región, indicando que no va a tolerar «que algunos inescrupulosos con claros incentivos políticos busquen sembrar un manto de duda sobre mi gestión parlamentaria».
Sin embargo, la polémica está lejos de terminar, ya que tras la renuncia del Seremi Carlos Contreras, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informaron que debido a las interpretaciones que la opinión pública pudiera hacer de dicho convenio «como un posible conflicto de interés, se instruyó una investigación para despejar dudas y establecer responsabilidades en la región sobre este tema».