Por María Ojeda González y Gabriel Foppiano Lozano
Durante los últimos años, es indudable que las movilizaciones del sector educación han sido un aporte importante a las luchas democratizadoras a nivel ciudadano y popular. A nivel discursivo, se le asigna un papel positivo a la hora de generar “movilidad social” y “meritocracia”, no obstante, no hay que olvidar que la educación formal es uno de los subsistemas político-sociales que ayudan a reproducir las desigualdades inherentes al neoliberalismo. Basta percibir el clasismo que implican las tres principales dependencias: educación pública, particular subvencionada y particular pagada.
En el presente de la pandemia, la crisis del sistema educacional se refleja por lo menos en dos ámbitos: el rol subsidiario del Estado que carece de capacidades (o de intenciones de generarlas) para apoyar a las comunidades educativas en la gestión de la educación a distancia de emergencia y de generar un retorno presencial gradual con las condiciones sanitarias y de infraestructura mínimas para el cuidado de la salud de las personas y la buena gestión de los procesos pedagógicos de las escuelas a su cargo. Por otra parte, la discontinuidad y trabas de los procesos de reforma del sistema educativo, que ha encontrado en este gobierno en particular trabas por doquier, pero también dichas reformas chocan de frente con políticas educacionales previas que contradicen sus principios de equidad e inclusión, y limitan las posibilidades de avance en una dirección contraria a la de una educación de mercado.
Es aquí donde entramos al debate constitucional, porque no podemos pretender que la educación es ajena a las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de un país. Es así como estamos en un proceso de generar un nuevo contrato social, por lo que podemos pensar qué tipo de sociedad queremos y ahí qué tipo de educación requiere el Estado de Chile, con los principios y derechos asociados a ello.
Para empezar, es importante retomar la senda del desarrollo de la educación pública como faro del sistema, que a mediados del siglo XX nos situaba dentro de los mejores en América Latina. Ello no se dio por arte de magia o simplemente por una buena gestión de políticas públicas: los procesos de acumulación y movilización a nivel popular fueron los impulsores de diversas luchas a nivel gremial-sindical, que culminaron después de muchos años en la unificación de los trabajadores de la educación y la construcción de una propuesta del sistema educativo que el último gobierno democrático previo a la dictadura cívico-militar hizo suya. Después vino la represión, la municipalización de la educación, la desarticulación de las sedes regionales de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado y la ley orgánica constitucional de enseñanza (LOCE). Bajo ese marco, con mayor o menor peso, es que se ha dado el devenir de la historia reciente de la educación chilena.
El Colegio de Profesores ha convocado a la realización de un Congreso Nacional de Educación, que se da en el marco del debate de una nueva constitución. Esta iniciativa representa una oportunidad histórica de reeditar en este nuevo contexto la participación popular y democrática en la construcción de las políticas educacionales, que debiera ser parte del derecho a la educación. Para ello, es fundamental hacer esfuerzos por convocar al más amplio involucramiento, no sólo del sector municipal, sino de todo el sector particular, y también de estudiantes, apoderados, asistentes de la educación y organizaciones territoriales.
La educación es un derecho humano, ubicado tradicionalmente en los derechos económicos, sociales y culturales. En esa línea, es deber del Estado asegurar su acceso en todos los niveles, financiando un sistema público robusto y asegurando el involucramiento de todos los estamentos de la comunidad educativa. Uno de los principales problemas de la educación es que el sistema está prácticamente dirigido por tecnócratas ajenos a la labor educativa, instalando prácticas ajenas a su carácter humanista, como el accountability o rendición de cuentas excesiva, negando la diversidad geográfica y de contexto en los procesos de gestión escolar, como también la posibilidad real de construcción de diseños y desarrollos curriculares que equilibren lo nacional con lo local, fomentando una real participación de las comunidades educativas en la definición de los proyectos educativos de las diferentes escuelas.
El debate educacional no es de los tecnócratas, tampoco sólo de los y las docentes, sino de toda la población. La historia demuestra que mientras más democracia, más y mejor educación ha tenido Chile. Muchos de los convencionales constituyentes tienen vínculo con la educación, por lo que tenemos una gran posibilidad de incidencia dentro del nuevo texto que será la carta magna. Ahora hay que salir de la burbuja, generar cabildos y asambleas, y discutir las distintas visiones que provienen del conocimiento y la experiencia, para así avanzar en el sueño de una verdadera educación de carácter humanista, inclusiva, contextualizada y que aporte al desarrollo de personas felices, críticas y empoderadas.
María Ojeda González es dirigenta nacional del Colegio de Profesores. Gabriel Foppiano Lozano es dirigente provincial Antofagasta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación.
Valeria Ríos Guerrero