El retorno a clases se ha vuelto un tema de discusión obligada a nivel nacional, tomando mayor relevancia en la educación pública.
Desde un punto de vista educativo, la pandemia ha golpeado con más fuerza los procesos de enseñanza-aprendizaje y emocionales de niños, niñas y adolescentes (NNA) de la educación municipal. Esto, por diversos motivos: sanitarios, sociales, económicos, políticos, gremiales, entre otros.
La pregunta imperativa que nos debemos hacer como padres, apoderados y/o tutores de nuestros NNA, es por qué los estudiantes de la educación privada tienen sus escuelas abiertas, y otorgan educación presencial para quienes deciden asistir, mientras que un gran porcentaje de las escuelas públicas se mantienen cerradas. Lo anterior es un cuestionamiento válido, digno de considerar, ya que es en el segmento más precarizado de la sociedad, donde se necesita con mayor ímpetu que los centros educativos tengan sus puertas abiertas, donde cada padre, madre o tutor tenga la opción de elegir libremente si envía o no a su pupilo en forma presencial.
Es triste observar esta contradicción, ya que durante años distintos sectores de la población han enarbolado banderas de lucha por el mejoramiento y calidad de la educación pública y la democratización de sus procesos, dejando una vez más al margen a los protagonistas de esta educación, haciendo que el discurso sea totalmente inconsistente y carente de validez.
Esto se ve reflejado en la postura de NO abrir las escuelas, estipulando plazos, rompiendo acuerdos, y no consultando seriamente a los protagonistas para saber qué quieren, qué necesitan, qué opinan. Al parecer han olvidado que es justamente en la educación pública donde existen familias y estudiantes con grandes vacíos pedagógicos, que tardarán años en recuperarse.
Lo anterior, sin dejar de mencionar lo más importante: el daño psico emocional, y el aumento en la vulneración de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que su relato está siendo mediado por un adulto, lo que le resta espontaneidad y no permite a las comunidades educativas ayudarlos, entre otras variables dignas de analizar. Esta postura taxativa atropella la democracia tan anhelada de los que han abrazado estas banderas de lucha.
Las escuelas están obligadas a dar un espacio de conocimiento y contención socio emocional y sanitario a todas las familias y estudiantes que deseen ir, respetando y otorgando las mismas garantías a quienes decidan lo contrario.
Cada clan tiene una realidad, una necesidad, un problema, una alegría. Por tanto, cada familia toma la decisión que desee, frente a las necesidades, creencias o posturas que posea. Pero cualquiera sea la decisión tomada, las escuelas públicas deben estar ahí para acompañarlos, guiarlos, ayudarlos y resguardarlos.
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