La región de Antofagasta está registrando un rápido aumento de los contagios por COVID-19, generando colapso del sistema público de salud y agobio laboral para las y los trabajadores del sector. Esta realidad contrasta con los índices de ganancias de las grandes empresas mineras en un momento de alza del precio del cobre. Es urgente un plan de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria.
Por Néstor Vera y Natalia Sánchez, médicos del Hospital Regional de Antofagasta
Durante las últimas semanas hemos visto que en la región de Antofagasta han aumentado significativamente los casos positivos para COVID-19, generando un impacto importante para la población y para las y los trabajadores de salud. A nivel nacional el Minsal reporta más de 25 mil casos activos y menos de 200 camas críticas disponibles, demostrando el colapso de la red asistencial.
En la región esta situación es alarmante. Además de Arica e Iquique, la ciudad de Antofagasta registra un 100% de ocupación de camas críticas, debiendo trasladar pacientes a otras comunas. Además, crece el agobio laboral por la necesidad de atender a más pacientes y lo que significa tratar con pacientes contagiados, pero, también, porque falta personal para cubrir todas las necesidades. Situación agudizada por los despidos registrados en diciembre a quienes fueron contratados como honorarios ante el contexto de la pandemia.
La fuente de contagio: ¿Responsabilidad individual o de los grandes negocios en la región?
Ante todo este escenario que podría considerarse como una “segunda ola” de contagio, el discurso del Gobierno y de las autoridades locales se ha centrado en cuestionar y responsabilizar a la población y a la falta de medidas de cuidado personal por el aumento de casos. Sin embargo, estas afirmaciones pasan por alto una serie de condiciones. Por un lado, desconoce la necesidad que tiene la gran mayoría del pueblo trabajador de trabajar para mantener a sus familias y responder a las deudas, con sueldos que no alcanzan para vivir, viéndose arrojados a trabajos informales o bien a un transporte público colapsado donde es imposible mantener distancia social para poder llegar a sus lugares de trabajo.
Mientras responsabilizan completamente a la población, omiten el rol que han tenido las políticas del Gobierno y empresarios que han condicionado el terreno para mayores contagios. Por ejemplo, el aumento del trabajo informal y precario frente al alza de despidos y suspensiones o la apertura del comercio y el turismo por presión de gremios empresariales. Incluso la actividad minera y portuaria, ya a inicios de diciembre, cuando los casos habían aumentado un 80% en relación al mes anterior, desde el Servicio de Salud se señalaba a estas actividades productivas como causa de los contagios, pero se desconocen públicamente las cifras actuales en relación a los contagios en la minería. Por lo mismo, el Colegio Médico de Antofagasta hace un llamado a “revisar las actividades productivas que aumentan la movilidad”.
Si bien es muy necesario fortalecer las medidas de protección individual que sean garantizadas por los empleadores para todos sus trabajadores y trabajadoras, y tomar ejemplos como las Comisiones de Higiene y Seguridad levantadas por trabajadores del aseo en la concesionaria Siglo XXI en el Hospital Regional, se deben resolver los problemas estructurales para, efectivamente, disminuir los contagios.
¡Recursos hay de sobra! Es urgente un plan de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria
Tal como señala el Colegio Médico, “el control real no se hace dentro de los hospitales (…) se hace con una coordinación intersectorial para tratar de conseguir que el número total de casos no vaya en aumento”. Por eso, frente a esta crítica situación se torna urgente avanzar en un plan integral para disminuir los contagios, un plan de emergencia que ponga por delante la salud de la población por sobre las ganancias empresariales.
Mientras los contagios aumentan y la crisis sanitaria, económica y social golpea a las familias trabajadoras, el precio del cobre alcanza su valor más alto en los últimos 8 años y el negocio de las grandes mineras y puertos no para. Por ejemplo, Minera Escondida tuvo US$5,9 mil millones de ganancias brutas solo en ventas, y grupos económicos como el de Luksic aumentó su fortuna un 84,2%, ascendiendo a US$19.800 millones. Al grupo Luksic, lo sigue la familia Piñera-Morel que, mientras despidió a cientos de miles de personas durante el periodo más crítico de la pandemia, aumentó sus riquezas en 11%, llegando a acumular US$2.900 millones a fin de año. También empresarios como Julio Ponce Lerou, controlador de SQM y ex yerno de Pinochet, aumentó su patrimonio que pasó de US$1.700 millones a US$3.500 millones.
Esto demuestra que los empresarios se hicieron más ricos a pesar de la pandemia, poniendo en riesgo la vida de millones de trabajadores, pero ¿qué pasaría si estas ganancias estuvieran destinadas a la población y no al bolsillo de unos pocos? Con la ganancia de US$5,9 mil millones en ventas de la Minera Escondida, que costó el contagio de 1.200 trabajadores, se podrían financiar más de 11 millones de días cama en UCI, según el valor de referencia de pago particular del Hospital San José el año 2020.
Por otro lado, según un informe de la Contraloría General de la República, el Gobierno destinó $216.492 millones al plan de emergencia sanitaria en el primer cuatrimestre de este año. Si solo contamos el aumento de US$9.000 millones de la fortuna de Luksic, el multimillonario que se hace rico a costa de la precarización y la contaminación de la región, el monto corresponde a 30 veces lo que destinó el Gobierno al plan de emergencia, por lo tanto, podríamos efectivamente financiar un plan para la crisis e, incluso, superar los precarios presupuestos del Gobierno para la salud.
Para enfrentar seriamente la crisis sanitaria se debe levantar un plan de emergencia que contemple la realización de Test PCR masivos para la población; contratación estable de personal de salud para trazabilidad y hospitalizados, ¡basta de trabajo precario en la primera línea de la salud!; prohibición de despidos y suspensiones; sueldos y pensiones de emergencia para trabajadores despedidos y suspendidos; utilización del sistema privado, sin pago a los empresarios de la salud; y por el fin al toque de queda y todas las medidas represivas que no aportan en términos de salud, sino que su único objetivo es mantener controlada a la población.
Como vimos, recursos para financiar este plan existen. Por lo mismo, son necesarios impuestos a las ganancias de las mineras y grandes grupos económicos y la nacionalización de los recursos naturales del país para que esas fortunas estén en función de la población y sus necesidades, para que la crisis no la sigan pagando los trabajadores y sus familias.
FUENTES:
Dia/cama UCI adulto (Hospital San Jose): $379.140 file:///C:/Users/nesto/Downloads/RES.N%C2%BA-2058-2020-ARANCEL-PARTICULAR.pdf
https://www.t13.cl/noticia/nacional/gobierno-contraloria-gasto-enero-abril-pandemia-coronavirus-28-07-2020